Por: José Luis Amado -Periodista Agropecuario- Exclusivo para GRUPO LA VERDAD
El debate sobre la protección de las obtenciones vegetales y el control del uso de semillas lleva varias décadas sin una resolución definitiva. De hecho, el mecanismo anunciado por el Gobierno a principios de esta semana se asemeja a la denominada “regalía global”, un sistema que ya había sido propuesto por el ex secretario de Agricultura Daniel Costamagna, durante la primera mitad de los años noventa.
Sin irnos tan lejos, desde hace unos años también se buscó la implementación de la denominada “regalía extendida”; la cual fue la alternativa que terminó impulsando la industria semillera local. Lo cierto es que de esa discusión han intervenido muchos intereses sectoriales y nunca se llegó a una solución completamente efectiva para resolver el problema de la propiedad intelectual.
En este marco, muchos opinan que una mayor eficiencia en los controles podría contribuir a reducir situaciones de evasión, aunque se trataría apenas de una solución parcial. Hay que recordar que, salvo durante la gestión de Fernando de la Rúa, cuando se dispuso el cierre del INASE, en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri existieron distintos intentos de avanzar en una normativa superadora. Pero las disputas entre los diferentes actores del sector agro impidieron alcanzar los consensos necesarios para una ley de semejante importancia.
Y también durante la presidencia de Alberto Fernández se procuró avanzar en soluciones de fondo desde el propio Instituto Nacional de Semillas (INASE), aunque nuevamente los intereses sectoriales frustraron esos esfuerzos. Es que la principal diferencia respecto de aquellas propuestas históricas no radica en el concepto, sino en las herramientas tecnológicas disponibles actualmente.
La verdadera novedad es que hoy existen métodos mucho más precisos para detectar la presencia de una determinada variedad en cualquier lugar donde se entreguen los granos. Eso permite mejorar los controles, que en definitiva es lo que se venía necesitando.
Qué propuso el Gobierno
El pasado lunes 8, el Gobierno nacional, puso en marcha un nuevo protocolo y lo hizo mediante una resolución conjunta entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas. Según dijeron, lo hicieron en la idea de “reforzar la protección de los desarrollos genéticos, promover la transparencia en el mercado y generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones en investigación y mejoramiento vegetal”.
Puntualmente, la iniciativa del Gobierno establece un nuevo mecanismo de control para las especies que cuenten con métodos de identificación varietal previamente aprobados por el INASE. Según explicaron, “El sistema alcanzará a la totalidad de las entregas realizadas por productores de esas especies y permitirá verificar la identidad genética de los cultivares utilizados”.
La implementación de este nuevo esquema representa un cambio relevante para la cadena agrícola argentina, ya que incorpora herramientas de trazabilidad que permitirían determinar la variedad sembrada incluso después de la cosecha, utilizando muestras obtenidas durante la comercialización del grano.
De acuerdo con la reglamentación, las muestras serán tomadas en el primer punto de entrega del grano, como puede ser una planta de acopio, una cooperativa o cualquier establecimiento habilitado para recibir la producción.
Hasta ahora, esas muestras eran utilizadas principalmente para analizar parámetros comerciales habituales, como humedad, calidad física o características vinculadas a la comercialización del producto. Con el nuevo esquema, también podrán emplearse para identificar la variedad genética utilizada por el productor durante la campaña.
También, la normativa establece que únicamente podrán realizar estos análisis las Cámaras Arbitrales o aquellas entidades privadas que cuenten con convenios específicos o habilitaciones otorgadas por el INASE. De esta manera, el organismo busca asegurar la confiabilidad de los resultados y evitar posibles controversias sobre la identificación varietal.
El debate
Uno de los aspectos que más reparos genera del nuevo protocolo de semillas, es el que tiene que ver sobre si se aplicará únicamente a los cultivares que se registren a partir de la entrada en vigencia de la resolución o no. Lo otro que genera dudas, es quién se hará cargo de los costos de esos análisis. Los productores señalan que, -como siempre-, serán ellos y no las empresas interesadas, lo cual se verán aumentados los gastos de producción.
Fue tanta la oposición que este “protocolo” generó entre los productores, que el gobierno –sin hacer marcha atrás con el mismo-, llamó a una reunión entre las cámaras de las semillaras y las entidades del campo.
Finalmente decir que los argumentos que atribuyen la falta de progreso en los rindes del cultivo de soja a una supuesta ausencia de incentivos para el mejoramiento genético, representa una falacia. En principio porque Argentina tuvo tres años consecutivos de sequía y por eso se vieron bajos rindes promedios.
Además, la baja inversión en fertilizantes y fitosanitarios realizada por los productores durante ese período, también contribuyó a reducir los rendimientos promedio nacionales. Y esto se vio en la última campaña de soja en donde quedó en evidencia el potencial de la genética disponible, dado que miles de lotes superaron los 7.000 kilos por hectárea. Por ello, el mejoramiento de soja en la Argentina continúa siendo de excelencia.
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