Por Redacción Grupo La Verdad
En los últimos días, la Justicia confirmó la quiebra de la empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.
La medida, dictada en noviembre de 2025 y ratificada recientemente tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2024, pone fin a un extenso proceso de crisis que culminó con el despido de casi de 380 trabajadores. De esa cantidad, casi la mitad pertenecen a la planta de Arenaza, Lincoln.
La compañía, que había sido adquirida por el holding vinculado al Grupo Vicentin, acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, con atrasos salariales desde 2023 y reiteradas suspensiones.
Ante esta situación, Grupo La Verdad se contactó con Matías Mautino, delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Lincoln, quien lamentó la situación y apuntó contra las irregularidades que llevaron a este desenlace.
En primer lugar, contó que “la empresa tiene su historia. Además de la fábrica en Arenaza, en Lincoln, ARSA tiene otra en Monte Cristo, Córdoba. En Arenaza hay 180 trabajadores y en Monte Cristo unos 200”.
El entrevistado afirmó que, para entender el proceso que finalizó con la quiebra de ARSA, “hay que entender el origen de la empresa. Nació en 1950 y se hizo históricamente conocida por el queso crema Mendicrim, que se vendía mucho. Fue una pyme familiar y pujante hasta el 2016, cuando la adquiere Sancor y siguió vendiendo los yogures y postres en la misma planta. Tuvo sus problemas económicos y fue comprada por Vicentin Family Group en el mismo año. Es un grupo de muchas empresas, que quizás uno lo identifica como pyme en el interior, pero era mucho más grande, un universo de firmas. Entonces, dejó de ser familiar y se volvió un negocio financiero”.
“Sabemos lo que pasó con Vicentin en 2019, con el acopio de cereales en Santa Fe, con 2000 productores agropecuarios que entregaban su cereal bajo la modalidad de precio a fijar. Ellos entregaban el grano y Vicentin se hacía del mismo sin trabajar”, continuó.
Y “ahí empezó todo; creo que fue más una estafa y un saqueo al productor, al trabajador del interior. La empresa fue acumulando deudas. Y lo peor de todo, es que esas personas además mentían en los balances: no declaraban esa deuda y solicitaban créditos al Banco Nación, que era el dinero y el trabajo de los argentinos, para decirlo en pocas palabras. Ese fraude dejó al banco con un crédito otorgado a Vicentin y a los chacareros sin los granos. Se la llevaron completa, de los dos lados”, dijo Mautino.
“Desde 1950, y después con la creación de la Ley de Contrato de Trabajo en 1976, la empresa siguió funcionado y produciendo, con cada vez más trabajadores, hasta ese 2016”, lamentó.
Y agregó: “La quiebra se decretó en 2025, pero las propuestas de reducir la jornada laboral y pagar cada 15 días se originaron en 2024. La empresa trabajó todo el tiempo en dividir a los compañeros, echando la culpa al sindicato de que quien produce le va mal. Pero hay que mirar la película completa. Pueden no gustarte algunos actores dentro del sindicato con nombre y apellido, pero son los que garantizan y protegen los derechos que uno tiene. Con sus defectos, es lo único que puede defender al trabajador”.
Asimismo, comentó que “desde la conciencia social tenemos que tener un pensamiento crítico de la situación que estamos viviendo. Duele lo que están viviendo los trabajadores. Va a costar recuperar los derechos que están perdiendo”.
“Ahora que está decretada la quiebra, los trabajadores tienen que hacer valer sus derechos de indemnización contra esa firma, que la explotaron, la saquearon y se llevaron todo. Va a ser muy difícil intentar cobrar su crédito con esa empresa. Ahí, la industria del juicio hace agua por todos lados”, sostuvo Mautino.
Por otro lado, señaló que “como ese establecimiento de la empresa quedó solo, hay muchos que se aprovechan de la situación y van a llevarse lo que pueden o le hacen daño. Después va a costar mucho ponerlo en funcionamiento. Si a eso lo dejan así, van a quedar ruinas, tierra y pasto”.
Sin embargo, dijo que “no todo está perdido” e indicó que “algunos trabajadores se están organizando para formar una cooperativa, que se llama San Andrés, para empezar a ponerla en funcionamiento y poder volver a trabajar. Lo único que saben hacer es trabajar”.
“La Justicia no tiene nada que ver con ese inmueble, porque el dueño de esas instalaciones es una empresa que tiene sede en Holanda”, concluyó.
