Por redacción Grupo La Verdad
La Justicia federal determinó que la empresa del Estado que tiene el ejercicio del dominio sobre parte de la propiedad, quien está a cargo de la obra del paso bajo nivel de Rivadavia, informe en el plazo de 30 días si va a continuar con la obra o si va a abrir el paso a nivel, en función de los perjuicios que está ocasionando.
ADIFSE (Administradora de Infraestructura Ferroviaria), a su vez, tendrá un plazo de 60 días corridos para la ejecución de cualquiera de las alternativas de decida.
“Es una sentencia que considero trascendente, que no se inmiscuye en la ´órbita del Estado nacional, pero sí tiene una explicación técnica de cómo funciona la sociedad del Estado, la que decide sobre la realización o no de la obra”, dijo a Grupo La Verdad el doctor Pablo Rasuk, representante legal de un grupo de comerciantes y vecinos que el pasado año presentó un amparo ante la interrupción de las tareas.
En el mes de octubre último se elevó el recurso de amparo de parte de un grupo de comerciantes afectados por la paralización de la obra del paso bajo nivel, la cual contó con la adhesión de parte de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y de la Federación de Sociedades de Fomento, con el objetivo principal de ejercer presión pública al Estado y al Gobierno nacional sobre la continuidad o no de la obra.
En ese entonces, el propio Rasuk explicaba que se apelaba “con esta acción de amparo ante la Justicia Federal porque nos encontramos en una situación de total incertidumbre, donde no se sabe cuándo ni cómo va a seguir la obra y por medio de este recurso se solicita que al juez que disponga de una situación alternativa o un paliativo, en el mientras tanto. Por medio de esta vía se le solicita a la Justicia que disponga de una situación alternativa, como puede ser liberar el paso hacia Villa Belgrano por el sector cortado u otra vía colateral, para no tener que ir hasta Alberdi o Primera Junta”.
Y añadía: “La idea es que se reabra el paso o haya alguna opción que permita mitigar el daño causado a los comerciantes y restablecer el derecho al libre tránsito para la toda la ciudadanía. Contamos con el total apoyo de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, como bien lo manifestó su presidenta, como también por parte de la Federación de Sociedades de Fomento.
Se trata de una acción de amparo por mora debido a las tardanzas por parte de la administración en la continuidad de la obra pública correspondiente”.
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