Nadie lo hubiera imaginado tan solo unos meses atrás: un proyecto de ley presentado la semana pasada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois sobre Educación Digital Integral generó un impensable puente político entre el sector más confrontativo del peronismo y figuras relevantes que responden a distintas terminales del centro democrático, como Nicolás Massot y Martín Lousteau.
También estamparon su firma en la iniciativa los «lilitos» Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, además del socialista Esteban Paulón, las radicales Karina Banfi y Mariela Coletta, y Fernanda Ávila (Elijo Catamarca).
Esta etapa de polarización total con Javier Milei generó una ventana de oportunidad para que, al menos en lo estrictamente parlamentario, se articule un polo transversal para la síntesis de proyectos de ley.
La iniciativa propone la creación, dentro del ámbito del Ministerio de Capital Humano, de un Programa Nacional de Educación Digital Integral (EDI), obligatorio en todos los niveles educativos, con el objetivo de formar a estudiantes, docentes y familias en el uso crítico, responsable y seguro de las tecnologías.
A partir de la implementación de este programa (que debe procurar la Secretaría de Educación como autoridad de aplicación) se busca hacer frente a los riesgos digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes, como el grooming, el ciberacoso, la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial.
Entre otros tópicos, el programa combina “educación digital, educación mediática, ciudadanía digital, pensamiento computacional, perspectiva de género e interseccional, cuidados parentales y ética tecnológica”.
“La Educación Digital Integral comprenderá, entre otras dimensiones, el desarrollo de capacidades para el uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías digitales, la ciudadanía digital, la comprensión del ecosistema digital y otros aspectos vinculados al análisis de la información y al bienestar en entornos digitales”, se indica en el articulado.
Según se establece en el texto, las acciones educativas deberán contemplar la prevención del grooming y otras formas de hostigamiento en entornos digitales, la ludopatía digital y las adicciones vinculadas a apuestas en línea, la violencia digital entre pares, incluyendo el ciberacoso y la difusión no consentida de contenidos de carácter sexual, la exposición a contenidos nocivos, ilegales o inadecuados para la edad, la vulneración de la privacidad y el uso indebido de datos personales, las prácticas de desinformación y manipulación de la información en entornos digitales, y el uso excesivo del celular asociado a la pérdida del sostenimiento de la atención y la capacidad de concentración.
“Las acciones deberán promover el desarrollo de capacidades para la prevención, detección temprana y abordaje de estas situaciones, con especial énfasis en la protección integral de niñas, niños y adolescentes”, postula el proyecto de Grabois.
En los fundamentos de la iniciativa se explica que “las tecnologías digitales ya no son solo herramientas, sino el entorno cultural en el que se desarrollan las infancias y juventudes”.
“Redes sociales, plataformas, algoritmos e inteligencia artificial configuran hoy los modos de informarse, vincularse, producir conocimiento y participar en la vida pública”, se subraya.
Grabois reconoce que “este uso extendido” de las tecnologías digitales “tiene muchas ventajas”, pero advierte que “la exposición tecnológica sostenida y sin acompañamiento trae también, en muchos casos, consecuencias perjudiciales”.
En ese sentido, cita un documento de Unicef elaborado en 2021 según el cual “el uso excesivo y sin supervisión de dispositivos digitales durante la infancia y adolescencia puede afectar negativamente el desarrollo cognitivo, emocional y social, generando síntomas como estrés, dificultades para dormir, irritabilidad y aislamiento”.
“La tecnología puede cerrar brechas y resolver problemáticas sociales, pero también las puede profundizar”, alerta el líder de Patria Grande, quien agrega que “esto plantea un desafío educativo central: la escuela debe formar sujetos capaces de comprender críticamente el ecosistema digital, participar en él y transformarlo”.
Para Grabois resulta necesario “pasar de la educación tecnológica a la educación digital integral”.
“Esto se fundamenta en el hecho de que, durante las últimas décadas, gran parte de las políticas públicas en tecnología educativa se centraron en la provisión de dispositivos y conectividad. Si bien estas condiciones son necesarias, resultan insuficientes para garantizar una participación plena en la cultura digital”, argumenta.
“Hoy se reconoce que la brecha digital incluye múltiples dimensiones: acceso a infraestructura, capacidades para comprender información, habilidades de producción digital, pensamiento crítico frente a plataformas y algoritmos. Por eso se propone avanzar hacia una Educación Digital Integral (EDI) que articule: educación digital, ciudadanía digital, pensamiento computacional y ética tecnológica”, concluye.
Además de las firmas mencionadas, el proyecto de ley cuenta con la rúbrica de los diputados nacionales de Unión por la Patria Paula Penacca, Juan Carlos Molina, Marcelo Mango, Blanca Osuna, Hilda Aguirre y Lorena Pokoik.
