“De a poco vamos notando que las propiedades vuelven a aparecer en el mercado, tal vez por esta desregulación, y que antes llevaba a los propietarios a mantenerse cautos y no poner sus propiedades en alquiler”, dijo el agente inmobiliario Hernán Pietrobón, sobre las características que presenta Junín, en sintonía con lo que ocurre en Capital y el resto del país.
“Desde el anuncio de la derogación de la ley” la situación cambió, dijo, y recordó que “había otras leyes por las cuales no le convenía a un propietario ofrecer su vivienda, así que cuando se vencía un contrato no se renovaba, esperando nuevas normas que permitieran contratar más libremente”.
“En el lapso de un mes, calculamos que hay entre un 20 y 25% de propiedades que se sumaron a la oferta del mercado local”, apuntó.
LOS VALORES
En lo que hace a los valores de los alquileres tras la desregulación, Pietrobón dijo que “se mantuvieron estable. Lo que pasa es que tenemos el factor inflacionario que obviamente nos lleva a tener que pensar constantemente en adecuar el precio de la propiedad”.
“Lo que va a pasar es que llegaremos a un punto de meseta, un punto de encuentro entre oferta y demanda, entre propietario y locatario, porque aquellos que pidan montos elevados definitivamente no van a poder alquilar la propiedad, no va a encontrar quién lo alquile”, opinó.
El martillero señaló que “creemos que indefectiblemente va a tender a bajar el valor del alquiler y habrá que pensar en renegociar nuevas pautas con ajustes que se adapten más al índice inflacionario”.
“En lugar de ajustar cada seis meses como se había puesto en la última normativa, reforma que duró menos de un mes en vigencia, ahora lo que puede pasar es que las partes acuerden reajustes cada tres o cuatro meses”, explicó.
A la vez, deslizó que “hay que tener claro que en un contrato de alquiler una parte propone las condiciones y la otra acepta o no. Difícilmente haya una instancia de negociación entre las partes, así que el dueño dispondrá los términos y el inquilino analizará los perjuicios que pueda tener o las conveniencias que puedan tener esas condiciones”.
“Lo que puede pasar ahora es tener contratos más cortos, se da por entendido que el contrato mínimo debe ser por dos años para viviendas y en el plano comercial la vigencia debe ser de tres años. Pero si en algún caso, un propietario arregla con el inquilino otros tiempos, lo pueden hacer”, agregó.
SIN PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
Pietrobón analizó que “con la derogación de la ley, no se deben inscribir los contratos en la AFIP y se eliminan toda la participación del Estado. El DNU barre con las condiciones de la garantía, la vigencia e índice de ajuste que hoy puede establecerse cualquiera”.
“Celebro que las partes puedan pactar libremente las condiciones. Creo que es mejor que el Estado no tenga intervención, algo que venía demandando la comunidad inmobiliaria y calculo que va a motivar a que vuelva a haber más propiedades en alquiler”, remarcó.
En este marco, señaló que “siempre hay un propietario que quiere obtener una renta determinada y un locatario que debe hacer un esfuerzo, así que tratamos que esa relación se encamine sin conflictos y cuando mayor claridad y certidumbre en esa contratación, más sin problemas se desarrollará”.
“Por ahora, se hicieron pocos contratos de estas características. Estamos hablando con las partes y el resumen sería que hemos hecho renovaciones, que son nuevos contratos, en los que generalmente hacemos dos años de vigencia con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, con un aumento que es una proporción del Índice de Contrato de Locación, que hoy está en alrededor del 140% anual. Hasta ahora, los inquilinos están de acuerdo”, concluyó.
