Caído el capítulo XI del Presupuesto 2026 en su debate en el Congreso a fin del año pasado, ahora el Gobierno nacional estudia volver a la carga con este punto para introducir cambios al régimen de Zona Fría, el sistema que subsidia la tarifa de gas a usuarios que residen en lugares de bajas temperaturas y que impacta en gran parte de la provincia de Buenos Aires.
En concreto, el capítulo XI incluía la derogación de la ampliación del Régimen de Zona Fría, la modificación del régimen original de Zona Fría y del Fondo Fiduciario que lo financia, la aprobación de un esquema de compensación cruzada para cerrar un conflicto histórico con las distribuidoras eléctricas, la extensión del régimen promocional para las energías renovables por 20 años y la modificación del destino de los fondos de la tasa aplicada a importaciones mineras realizadas con beneficios fiscales.
Rechazado en Diputados, ese punto quedó en la mira del Gobierno de Javier Milei que, por estas horas, estudia reimpulsarlo. En medio de un contexto de tensión en Oriente Medio que afecta la estabilidad de los precios del petróleo y el gas, este beneficio que llega a unos 4 millones de hogares impacta sobre las finanzas públicas.
El debate que deberá dar la administración libertaria incluye a varios gobernadores, ya que el beneficio alcanza a municipios de quince provincias del país. En lo que respecta al territorio bonaerense, son 90 los municipios que están bajo este régimen que permite descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.
Qué es la Zona Fría
Para entender cómo funciona la Zona Fría, hay que remontarse al régimen creado en 2002, que abarcaba a 850.000 hogares y se autofinanciaba a partir de un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagaban el resto de los usuarios del país.
Sin embargo, en 2021 el entonces gobierno de Alberto Fernández amplió el régimen a más de 4 millones de beneficiarios. En los hechos, la mitad de los usuarios del servicio de gas natural del país pasaron a recibir el subsidio, entre los que están los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Esa ampliación, que garantiza descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes, llega a más de 1,2 millones de usuarios bonaerenses. Para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el PIST. Esa cifra puede alcanzar hoy el 11,25% y la abonan todos los usuarios del país.
Si el Gobierno insiste con lo que buscó aprobar cuando presentó el Presupuesto 2026, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas. Y esa quita impactaría fuertemente en las tarifas de gas.
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