Por Redacción Grupo La Verdad
El rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Guillermo Tamarit, advirtió sobre una situación de “gravedad institucional” a partir de la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario y cuestionó la actitud del Gobierno nacional frente a una norma que fue ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia.
Luego repasó el recorrido de la ley, sancionada en 2024, vetada en una primera instancia por el Ejecutivo y posteriormente sostenida por el Congreso con el voto de los dos tercios de ambas cámaras. Sin embargo, señaló que el Gobierno avanzó con medidas para dilatar su implementación, lo que derivó en una presentación judicial por parte de los rectores.
“Fuimos a la Justicia, obtuvimos un fallo favorable en primera instancia, el Gobierno apeló y ahora la Cámara volvió a darnos la razón”, explicó Tamarit, quien remarcó que, pese a la nueva apelación anunciada por el Ejecutivo, la resolución debe cumplirse.
“La apelación no suspende la obligación. El Gobierno tiene que comenzar a ejecutar la ley. Si no lo hace, estamos frente a una situación de desobediencia, con responsabilidad individual de los funcionarios”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que el conflicto trasciende lo estrictamente legal y pone en discusión el funcionamiento institucional. “Uno puede recurrir a la Justicia, lo que no puede es ignorar las obligaciones. Estamos en una república: el Gobierno no puede hacer lo que quiere, tiene que cumplir lo que establecen las leyes y los fallos judiciales”, afirmó.
Salarios y becas, en el centro del reclamo
La medida judicial vigente alcanza, en esta etapa, a los artículos vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes, y al financiamiento de becas estudiantiles.
“Son dos aspectos de aplicación inmediata. El propio Gobierno reconoce una pérdida salarial cercana al 40% desde 2023, y eso afecta directamente el derecho a la educación”, indicó Tamarit, al tiempo que destacó que ese fue uno de los puntos considerados por la Cámara al momento de resolver.
Según explicó, si bien la ley incluye otros ejes como ciencia y técnica o infraestructura, el foco actual está puesto en estos dos puntos por su urgencia.
Impacto en las universidades
El rector también alertó sobre las consecuencias concretas que ya se observan en el sistema universitario. “No solo se van docentes, sino que no llegan”, advirtió.
En el caso de la UNNOBA, explicó que la situación es particularmente sensible por el perfil de sus carreras, mayoritariamente vinculadas a áreas tecnológicas y productivas. “Competimos con el sector privado, y hoy un joven no puede siquiera comparar una oferta laboral con lo que paga la universidad”, señaló.
Esto, afirmó, afecta directamente la posibilidad de formar y retener recursos humanos. “El sistema universitario necesita generar sus propios docentes e investigadores. Ese proceso se rompe si no hay condiciones razonables”, explicó.
Además, indicó que muchos docentes se ven obligados a incrementar su actividad en el ámbito privado para sostener sus ingresos, lo que impacta en la dinámica académica.
Un derecho en juego
Tamarit subrayó que el trasfondo del conflicto excede la discusión presupuestaria y se vincula con la garantía de derechos. “Está en juego el derecho a la educación pública y, en particular, a la educación superior”, afirmó.
En ese marco, expresó expectativas de que el Gobierno avance con el cumplimiento de la ley tras los fallos judiciales. “Las instancias están agotadas. Después se podrá discutir el fondo, pero ahora corresponde cumplir”, concluyó.
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