Por Redacción Grupo La Verdad
El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció Javier Milei ayer establece la modificación o derogación de más de 300 Leyes, con el fin de desregular la economía. Entre estas modificaciones aparece la del artículo de Servicios Esenciales de la Ley N°25.877, de Régimen Laboral. Entre otras actividades, dispone la educación como servicio esencial.
El corazón del artículo 24° de la Ley de Servicios Esenciales -que es el que se modifica con el DNU- establece que cuando «por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción». Es decir, que en caso de un paro de trabajadores considerados esenciales, por ley estos deben cumplir con una guardia mínima, del 75%, sin afectar la prestación del servicio.
Antes del DNU de Javier Milei, los servicios que eran considerados esenciales eran los sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Ahora, prácticamente todo pasa a ser esencial y de «importancia trascendental» (una nueva categoría), incluyendo la educación en tres de sus niveles como así también, la educación especial.
En ese marco, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que integran los sindicatos Suteba, FEB, Udocba, AMET y Sadop, se declararon en estado de alerta y movilización.
A través de un comunicado, justificaron la medida frente al “inconstitucional DNU que anunció el Presidente de la Nación» y “en el marco de la unidad de acción de los trabajadores en defensa de los derechos laborales” expresaron.
Al respecto, Silvia Velazco, nueva titular de Suteba seccional Junín ante el pedido de licencia de Francina Sierra para asumir como concejal de Unión por la Patria, manifestó a Grupo La Verdad: «en este momento estamos todos en alerta y movilización ante el decreto del presidente Javier Milei porque lo que hace es limitar el derecho a huelga, va en ese sentido».
«Declarar como servicio esencial a la educación no tiene un objetivo pedagógico ni es para mejorar la educación es simplemente para restringir, prohibir, limitar el derecho a huelga y para cercenar la constitución nacional. Va en detrimento de lo que dice, además, nuestra ley de educación nacional», evaluó la dirigente gremial y completó: «fundamentalmente de la responsabilidad del estado nacional de garantizar la educación como un derecho y no como una mercancía que es lo que se intenta con este gobierno».
«Fijar un piso del 75% de asistencia con lo cual el 3/4 de los docentes no podrían hacer paro. Lo que nos preocupa y lo que las centrales sindicales están presentando en este momento en la justicia es la nulidad de este decreto que va en contra de los trabajadores, las leyes logradas», continuó.
«Si uno apuesta apuesta a una verdadera mejora del servicio de educación y quiere que los chicos estén en las aulas el camino es mayor financiamiento educativo, valorizando a los trabajadores, no quitando el ministerio de educación, no es cortando derechos a huelga y tratando de acallar la defensa de la educación pública», dijo también Velazco.
En tanto, advirtió: «nosotros siempre estamos en alerta en el avasallamiento de los derechos, en contra de la estigmatización de los gremios, del ajuste, en defensa de la escuela pública y en rechazo de su intento de privatización. Son todas estrategias para desfinanciar la educación».
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