Por Redacción Grupo La Verdad
La del viernes último fue una de las más grandes tragedias de la ciudad de los últimos años. Los fallecimientos de los ancianos se dieron en el marco de un incidente que provocó un fatal incendio, y reavicaron una serie de preguntas relacionadas a las condiciones generales de los geriátricos y a las medidas de seguridad indispensables para que estos puedan funcionar.
Desde el municipio, Adriana Summa, a cargo del área de Adultos Mayores, dialogó con este medio y dio algunos detalles de las formas de proceder.
“Como sabemos, hay una ley de geriátricos, que es la 14263, que es la que regula el funcionamiento de estas residencias. Esa misma ley designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. ¿Qué significa eso? Que es el responsable de controlar el funcionamiento de los establecimientos geriátricos. Obviamente, nosotros como municipio acompañamos esto haciendo las inspecciones correspondientes. Pero es el Ministerio de Salud, el Departamento de Fiscalización Sanitaria de la provincia de Buenos Aires, quien habilita o clausura estos establecimientos”, dijo la titular del área de Adultos Mayores.
Y aclaró que “esto no tiene nada que ver con lo que sucedió en el año 2022 en Malvinas, Argentina 220. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver uno con otro. Iban desconociendo las normativas cada vez que nosotros hacíamos una visita, eso fue una negligencia. Aparte, fue un trabajo muy bien hecho, los responsables fueron sentenciados, condenados y están cumpliendo la condena. Y fue clausurado aun habiendo una ley de emergencia como es la ley 15171, que surge en momentos de la pandemia. Y ellos, aun con la clausura definitiva seguían funcionando”.
Asimismo, Summa planteó a este medio que “este lugar no estaba habilitado, porque todavía está vigente esta ley 15171. Pero sí tiene visitas o inspecciones de losinspectores del municipio. Tengo en mis manos todas las actas que se hicieron desde, desde la Provincia, desde la Dirección de Fiscalización Sanitaria, inspectores que vinieron desde La Plata en varias ocasiones. Todo esto está en manos del fiscal Martín Laius”.
“El mismo viernes yo entregué toda esta documentación. Al único que se le entregó este material es a él. Y en ningún momento, como se dijo, había apercibimientos. Este es uno de los lugares con más antigüedad en Junín. Lo tenía otro propietario que era un enfermero. Tenemos incontables inspecciones, en ningún momento hay apercibimiento, hay sí indicaciones que en una segunda visita se fueron corrigiendo. Estaban en condiciones todas las normativas de seguridad para el lugar. Quien está haciendo una investigación es la Fiscalía. Yo respeto eso y ahí se va a determinar, personalmente no creo que sea por la habilitación lo que pasó. Las normas de seguridad estaban en condiciones. Cuando tenemos alguna denuncia con la trabajadora social del área, nos acercamos a los lugares”, añadió la funcionaria.
“Nosotros enviamos y muchas veces hay que hacer los reclamos correspondientes porque no tenemos respuesta. Eso también es una realidad. Si bien hay una comunicación fluida con la directora de Fiscalización Sanitaria, muchas veces depende de toda esa burocracia”, reseñó.
Y dejó en claro: “Nosotros desde el municipio no habilitamos, no clausuramos. Sí colaboramos, sí hacemos inspecciones que se envían a La Plata. Lo quiero dejar claro por todas las cosas que se están diciendo. Será la Justicia quien determinará si fue un accidente, si fue una negligencia o lo que fue. Pero que quede claro eso, es el Ministerio de Salud (el que habilita o no) y ellos en ningún momento en las actas que yo acá tengo delante de mis ojos dictan ni clausura preventiva ni hablan de apercibimiento”.
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