Los ministros de Trabajo de seis provincias, entre ellos el bonaerense Walter Correa, criticaron con dureza los cambios en la regulación laboral que impone la Ley Bases del presidente Javier Milei.
La cartera comandada por el funcionario del Gabinete de Axel Kicillof desmenuzó el proyecto que mandó Milei al Congreso y explicó que desprotege a los trabajadores, plantea reformas regresivas en materia de derecho e, incluso, atenta contra las indemnizaciones.
Con el título de “manifiesto”, el texto llevó la firma de Correa y sus pares de Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa y La Rioja, ya que consideraron que la nueva normativa es un “avasallamiento de los derechos sociales y laborales”.
De acuerdo a un análisis que hizo Luis Roa, asesor del Ministerio de Trabajo y que compartió en la red social Correa, el DNU vulnera “el Artículo 14 bis de la Norma fundamental que establece: ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial’”.
Además, violenta derechos gremiales, que a su vez dejan sin resguardo a los trabajadores, pues desconoce que, como afirma el mismo artículo, los gremios tengan garantizado “…concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga”. Mientras que deja sin garantía de continuidad laboral a los dirigentes gremiales, al desconocer que “gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
Asimismo, el DNU representa, para los ministros, un claro embate a la seguridad social, pues según afirma el comunicado desconoce lo establecido en la Carta Magna en relación a garantizar “…el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
También habilita “el despido de personal con licencias por enfermedades laborales, embarazo, matrimonio, accidentes”. Autoriza el traslado unilateral de los trabajadores. deroga el derecho de los trabajadores públicos nacionales intimados para jubilarse a trabajar por un año. prohíbe el ejercicio de derechos políticos. Asimismo, amplía la capacidad de sanción del Estado empleador, legaliza el descuento por huelga.
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