Por Redacción Grupo La Verdad
En contacto telefónico con el programa “Amanece que no es poco” por LT20 AM 1470, el Dr. Juan Ignacio Tellería expresó que “hay un incremento exponencial en el ingreso de expedientes por despidos y también estamos teniendo muchos casos de personas que vienen a pedir por refinanciaciones de deudas, para ver si podemos hablar con determinados abogados y estudios jurídicos para resolver”, y agregó: “También está creciendo mucho a su vez el esquema de pequeñas quiebras de personas físicas, en sintonía con la situación que atraviesa el país”.
Luego, Tellería indicó que “el nivel de morosidad hoy en día es muy alto y eso se debe a una conjunción de factores interconectados, entre los que se incluye la inflación que viene siendo bastante alta mientras los salarios quedaron por detrás aproximadamente un 6% y los altísimos costos financieros a los que se debe hacer frente al tomar deuda, con la tasa de interés, gastos de otorgamiento y seguros de vida”.
Además, el abogado declaró que “no toda deuda es ejecutable, pero sí lo son aquellas vinculadas a tarjetas de créditos y deudas tomadas con el sistema financiero”, y prosiguió: “Los juicios ejecutivos constituyen la última instancia para que las entidades financieras puedan cobrar, especialmente aquellas especializadas en cuestiones de créditos”. Al mismo tiempo, mencionó que “toda deuda tomada con el sistema financiero formal, ya sea entidades bancarias o casas de créditos, requiere de ciertas garantías como recibos de sueldo dentro del sector de la economía registrada”.
“La economía informal está recontra más endeudada porque son personas que no cuentan con las garantías necesarias para la devolución y por ende son consideradas como préstamos de alto riesgo, sobre todo en el caso de los prestamistas privados cuyas tasas de interés son más del doble de elevadas que las comunes y eso hace que todo el sistema del trabajo esté endeudado”, remarcó Tellería.
Para finalizar, el entrevistado consideró que “siempre lo mejor es tratar de cumplir con las deudas y llegar a acuerdos entre privados sin la necesidad de intervención de profesionales, porque cuando se ingresa al esquema de judicialización se incorporan más gastos vinculados a los honorarios del abogado ejecutante y del estudio jurídico al que se apela como defensa”.
