El Gobierno nacional prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A, la empresa estatal encargada de la gestión de una parte clave de la red vial troncal del país, hasta la finalización del proceso de privatización y disolución de la compañía.
A pocos días de la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte -un nuevo organismo que concentrará tareas de fiscalización sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias-, la administración libertaria a través del Decreto 464/2025 prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A. Además, extendió la designación de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora y otorgó al Ministerio de Economía la facultad de dictar normas complementarias para la implementación de la decisión.
La intervención de Corredores Viales S.A. había sido dispuesta originalmente por el Decreto 244/2025 del 1 de abril, en el marco de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”.
El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la intervención continuará “hasta culminar el procedimiento establecido por el Decreto Nº 97 del 14 de febrero de 2025”, que autoriza la privatización total de la compañía bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El texto oficial señala que durante la intervención se detectaron “falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”. A raíz de este diagnóstico, se implementaron medidas para mejorar la gestión, como la aprobación de un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la regularización del área legal.
El decreto destaca que, pese a los avances, “resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores”. El Gobierno justifica la prórroga por la “complejidad de estos asuntos”, que requieren un plazo mayor al inicialmente estimado para la intervención.
Cabe recordar que Corredores Viales gestiona más de 6000 kilómetros de rutas, representando un tercio del tráfico de la red vial troncal del país.
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