Por Redacción Grupo La Verdad
La concejal de La Libertad Avanza oficial, Belén Veronelli, presentó un proyecto de ordenanza que propone la realización de controles toxicológicos obligatorios para funcionarios políticos y autoridades de la Municipalidad de Junín.
La iniciativa establece que deberán someterse a los estudios el intendente, los concejales, integrantes del Juzgado de Faltas, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y responsables de áreas descentralizadas, además de quienes ocupen cargos de jerarquía equivalente.
Según el texto, los funcionarios deberán presentar un certificado que acredite resultado negativo en exámenes destinados a detectar la presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
El proyecto prevé que los controles sean obligatorios, aleatorios y se realicen cada dos años. Una vez notificado, el funcionario tendría un plazo de 48 horas para presentarse a realizar el análisis en una institución designada por el Departamento Ejecutivo.
La propuesta contempla un primer examen mediante análisis de orina y, en caso de arrojar resultado positivo, una segunda instancia de confirmación a través de métodos de mayor precisión.
Entre los fundamentos de la iniciativa, Veronelli sostiene que quienes ocupan cargos públicos tienen responsabilidades vinculadas a la administración de recursos, la toma de decisiones y la conducción de áreas sensibles del Estado, por lo que considera necesario garantizar que desarrollen sus funciones sin consumo de sustancias ilegales.
Además, argumenta que los funcionarios no deberían estar sujetos a exigencias menores que las que actualmente se aplican en numerosas actividades del sector privado.
El proyecto también establece que el costo de los estudios será afrontado por cada funcionario mediante descuentos en sus haberes y dispone que los resultados sean considerados datos sensibles, resguardados por las normas de protección de datos personales.
En caso de incumplimiento o de detectarse una situación de consumo problemático, la iniciativa prevé la intervención de las áreas de salud correspondientes para garantizar asistencia y acompañamiento, preservando la confidencialidad de la información.
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