Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense desató una inesperada tormenta política y un rechazo fulminante del sector agropecuario.
La diputada Lucía Lorena Klug, de Unión por la Patria y alineada con el espacio Patria Grande de Juan Grabois, propuso crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)”, dirigida a los productores ganaderos por las emisiones de gas generadas en el proceso digestivo del ganado.
La iniciativa, que en la práctica funcionaría como un impuesto ambiental asociado a los kilos de dióxido de carbono equivalente producidos por cada establecimiento, se transformó de inmediato en un foco de controversia.
El metano responsable de la contaminación
Klug, cuyo mandato concluye la próxima semana, presentó la propuesta bajo el argumento de enfrentar “los desafíos del cambio climático”, citando inventarios nacionales que atribuyen a la Provincia de Buenos Aires un cuarto de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país.
Según la legisladora, el 27% de esos gases corresponde al metano, con la ganadería como responsable del 19% de las emisiones de ese compuesto. Su proyecto plantea además la creación de un fondo fiduciario destinado a compensar dichas emisiones mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.
Respuesta del campo
Pero el texto, que no fue acompañado por ningún otro bloque, generó una reacción inmediata del campo. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un comunicado durísimo contra la propuesta. Su presidente, Ignacio Kovarsky, sintetizó el rechazo con una frase que rápidamente se viralizó: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”. Para la entidad, la tasa no solo carece de sustento técnico, sino que agrava una presión impositiva que ya consideran desmedida.
