POR JOSÉ LUIS AMADO -PERIODISTA AGROPECUARIO- EXCLUSIVO PARA GRUPO LA VERDAD
“Quiero saber qué hace el intendente con lo que le pago por el mantenimiento de los caminos, porque a mí no me lo reparan”. Esta es la principal queja de los productores que le realizan a la casi totalidad de los 135 municipios bonaerenses.
De hecho, este reclamo por parte de los propietarios de campos es –desde hace muchos años a esta parte- el reclamo más importante después de la reducción a los derechos de exportación (Retenciones). Estos planteos, en la mayoría de los casos, venía quedando como quejas de productores en reuniones o eventos del sector, pero desde hace un tiempo a esta parte se han trasformado en expedientes judiciales.
Hace poco se conoció que un grupo de 50 productores de Necochea fueron a la justicia en reclamo por el deterioro de los caminos rurales, para que sea un juez quien determine la legalidad del cobro de una tasa que no tuvo contraprestación por parte de ese municipio. En este sentido, la estrategia elegida no apunta, en esta etapa, a discutir el valor del tributo, sino a exigir información oficial sobre cuánto se recauda y en qué se gastan esos dineros.
Las presentaciones legales se formalizan a través de una acción de amparo colectivo por acceso a la información pública contra las intendencias locales, luego del vencimiento de los plazos administrativos sin respuesta.
Uno de los abogados que lleva adelante este tipo de acciones es Pablo Abdón Torres Barthe (@Alberdiano, en su cuenta de X), quien hace unos días explicó que el caso de Necochea se suma a una serie de reclamos similares en otros municipios bonaerenses. “Necochea se suma a una serie de municipios. Empezamos en Henderson, seguimos por Baradero, Azul y General Alvarado, entre otros de la provincia de Buenos Aires”, señaló.
El eje del planteo no es menor. “Nos dimos cuenta que si uno cuestiona la tasa es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor porque nadie quiere desfinanciar un municipio, es un tema muy delicado”, explicó el letrado. Frente a ese escenario, optaron por otro camino. “Entonces, seleccionamos una herramienta republicana de democracia directa, que es el pedido de acceso a la información pública”, sostuvo.
En concreto, lo que buscan es acceder a datos precisos sobre el manejo de los fondos. “Lo que hacemos es pedirle a la municipalidad que nos muestre cuánto recauda por la tasa de caminos rurales y en qué la gasta”, afirmó.
El procedimiento, según explicó, comienza con un reclamo administrativo. “Generalmente hacemos primero la presentación administrativa, como corresponde, para agotar la sede administrativa para luego poder ir a la Justicia. La ley de provincia de Buenos Aires dice que si pasan 30 días y no contestan los organismos, está habilitado el amparo”, precisó. Torres Barthe destacó que este enfoque tiene mayores probabilidades de prosperar. “Los mismos jueces que no suelen bajar la tasa, tampoco pueden decir que un ciudadano no tiene derecho a saber qué se gastan sus impuestos. Entonces hacen lugar al amparo”, remarcó.
En ese sentido, planteó un posible escenario a futuro. “En realidad lo que estamos haciendo es teniendo pruebas oficiales de que si se recauda $1000 millones, por ejemplo, y se gastan $500 millones, entonces, cuando está esa prueba oficial, ahí es donde se va a iniciar la segunda etapa”, dijo. Esa segunda etapa podría derivar en reclamos económicos o incluso penales. “Si se cobró $500 millones de más, el municipio deberá devolver ese importe de más que cobró o lo deberá meter en los caminos rurales”, afirmó.
Fallo histórico
Esta semana se conoció que el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, resolvió anular el cobro de la Tasa de mantenimiento de la red vial de la Municipalidad de Daireaux.
La noticia fue celebrada por los productores luego de que el Juez Pablo Cristian Germain, declarara la nulidad total de la Tasa para un grupo de demandantes por “inexistencia de mantenimiento en el camino” de acceso y dispuso la nulidad parcial para el resto de los productores. En esta primera instancia hubo cuatro demandantes que contempla el fallo, sin embargo, de acuerdo con el letrado patrocinante, hay otros tres juicios en trámite que esperan una resolución.
Según explicó Jorge Moroni, abogado de los productores, la sentencia se inscribe en una demanda de pretensión anulatoria, presentada por un grupo de productores agropecuarios, quienes cuestionaron decretos municipales que habían rechazado sus reclamos administrativos por el cobro de la tasa vial en los períodos 2022-2024. El eje del planteo fue la naturaleza jurídica del tributo, donde el juez ratificó que “la tasa no es un impuesto”, sino que requiere una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que “su cobro sin servicio configura una afectación” al derecho de propiedad.
En paralelo, la pericia contable acreditó una desproporción entre lo recaudado y lo invertido en el servicio, al constatar que parte de los recursos de la tasa fueron destinados a rentas generales del municipio, lo que vulnera el principio de afectación específica. Sobre esa base, se desprende que el juez cuantificó los porcentajes desviados y ordenó su descuento en la liquidación de las obligaciones fiscales.
Este precedente no es menor en un contexto en que debido al mal clima y el deficiente mantenimiento de los caminos rurales, productores de distintos distritos pueden verse con graves inconvenientes para sacar la producción en los próximos días.
