El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue procesado por el delito de lavado de activos agravado por su condición de funcionario público. El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, dispuso además un embargo de $350 millones sobre sus bienes y mantuvo la inhibición general que había sido ordenada en marzo de este año. Aun así, el exfuncionario continuará en libertad provisoria, conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal.
La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular (VTV), quien fue procesado por lavado de dinero y recibió un embargo de $300 millones. En su caso, la Justicia no aplicó el agravante por función pública al no comprobarse una vinculación directa entre su cargo y las maniobras investigadas.
La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 tras una denuncia que señalaba a D’Onofrio como líder, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, de una “estructura criminal” que se habría apropiado de fondos provenientes del sistema de cobro de multas de tránsito en distintos municipios bonaerenses. Según el expediente, la presunta red contaba con división de funciones y jerarquías definidas, y utilizaba prestanombres para ocultar el origen ilícito del dinero derivado del negocio de las fotomultas y la VTV.
Uno de los principales elementos analizados por el juez fue la compra de una camioneta Audi Q8 registrada a nombre de Asensio en octubre de 2023 por un valor declarado de $30 millones, pese a que su cobertura de seguro superaba los $173 millones.
La investigación determinó que el verdadero usuario y beneficiario del vehículo era D’Onofrio, quien además figuraba autorizado a conducir y pagaba el servicio de Telepase. Para justificar la operación, se presentó un contrato firmado entre Asensio y una sociedad familiar sin actividad económica comprobada, lo que reforzó la sospecha de un mecanismo de ocultamiento patrimonial.
En su declaración, el exministro negó haber sido propietario del vehículo y aseguró que solo lo condujo “en una oportunidad”. Asensio, por su parte, dijo haber comprado la camioneta con fondos provenientes de la venta de un terreno. El magistrado consideró ambas versiones inconsistentes y concluyó que Asensio actuó como testaferro, configurando un “típico esquema de disimulación” propio del lavado de activos.
El expediente también consignó que el vehículo fue transferido a un tercero en noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de San Martín resolvió la competencia del tribunal, un movimiento que la Justicia interpretó como un intento de dificultar el rastreo patrimonial.
D’Onofrio había renunciado a su cargo el 30 de diciembre último, aduciendo “motivos personales”, en medio del avance de dos causas por presuntas maniobras de corrupción: una por lavado de dinero en el Juzgado Federal de Campana y otra por fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito vinculada a las fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal de La Plata Álvaro Garganta. Su situación judicial, ahora agravada con el procesamiento, lo ubica en el centro de uno de los mayores escándalos de gestión en la provincia.
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