Juan Ignacio Campenni, director General de Desarrollo Humano del Municipio de Junín expresó su preocupación ante la alarmante situación del sistema provincial de protección de la niñez, del cual dependen diariamente niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad que atraviesan vulneraciones graves de derechos.
El trabajo local y el compromiso institucional
Nuestra Secretaría, a través del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, trabaja de manera ininterrumpida en la defensa y restitución de los derechos de los niños. Este equipo desarrolla un trabajo técnico y humano ejemplar, articulando con el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, la educación y la salud. Su tarea —muchas veces silenciosa— constituye una red de contención que asiste situaciones de extrema complejidad social y emocional, y lo hace con compromiso, profesionalismo y vocación pública.
Un sistema provincial ausente y en incumplimiento
Sin embargo, quienes deben acompañar, fortalecer y garantizar recursos desde el nivel provincial no están cumpliendo con sus responsabilidades. Los niños juninenses que hoy padecen vulneraciones inimaginables dependen de un sistema deficiente, inoperante y carente de respuestas efectivas, que se mueve peligrosamente en el límite del incumplimiento de deberes funcionales.
Hace exactamente un año, la Casa de Abrigo “Francisco Legarra” fue cerrada tras incidentes graves ocurridos dentro de la institución, que derivaron en denuncias penales por mal desempeño contra las autoridades provinciales de ese momento. El cierre fue justificado en la necesidad de realizar refacciones edilicias, que supuestamente durarían algunos meses. Sin embargo, doce meses después, la Casa sigue cerrada.
Durante años, al personal del sistema de niñez local se le impidió el ingreso al hogar, presumiblemente para evitar exponer las condiciones en las que se encontraban los niños alojados. Tras múltiples pedidos y reuniones con funcionarios provinciales, el mensaje siempre fue el mismo: “estamos por abrir”. Pero la reapertura nunca llegó.
El Municipio ofreció colaboración concreta: recursos materiales, humanos y profesionales, con el único objetivo de que los niños juninenses vuelvan a contar con un espacio de resguardo digno. La respuesta fue el silencio o la negativa. Paradójicamente, la propiedad del inmueble es municipal, y también es el municipio quien se hace cargo del costo de servicios básicos como la electricidad.
Desde nuestra Secretaría hemos constatado personalmente que las condiciones edilicias hoy permiten su reapertura inmediata. No existe razón técnica ni jurídica que justifique seguir privando a los niños de Junín de este derecho elemental.
Deficiencias estructurales y desinterés institucional
A esta situación se suma el funcionamiento deficiente del Servicio Zonal, organismo que debería coordinar las políticas provinciales en la materia. Su accionar se caracteriza por la falta de respuesta ante situaciones de urgencia, la delegación sistemática de funciones y la negación de recursos disponibles. Mientras en los discursos públicos se invoca la defensa de los derechos de la niñez, en la práctica se desatienden las necesidades más básicas y elementales provenientes de la escucha directa de los niños.
Un ejemplo concreto es el Programa “Identidad y Territorio”, mediante el cual se brinda una ayuda económica a los referentes que contienen niños en situación de vulnerabilidad. Hace más de un mes se realizaron cuatro solicitudes de asistencia para once niños de nuestra ciudad. Ninguna ha sido respondida. La demora es inaceptable, más aún sabiendo que estos fondos no son retroactivos y tienen una duración limitada, mientras la contención se extienden más allá del plazo de las medidas de abrigo.
Asimismo, el dispositivo provincial de traslados para niños no se encuentra operativo, obligando a los municipios a cubrir funciones que no les corresponden y exponiendo a los equipos locales a responsabilidades que deberían ser compartidas.
Un llamado urgente a la responsabilidad
Hoy, cinco niños de Junín con medidas judiciales firmes esperan vacantes en hogares o comunidades provinciales. Mientras tanto, permanecen sin el acompañamiento que el Estado provincial está obligado a brindarles.
La situación es moralmente inadmisible y jurídicamente insostenible. Exigimos la reapertura inmediata de la Casa de Abrigo “Francisco Legarra”, la asignación urgente de recursos y programas pendientes, y la presencia efectiva de los funcionarios provinciales en el territorio, ocupando sus cargos con la responsabilidad que el cargo impone.
No se trata de una disputa administrativa. Se trata de niños que esperan, sufren y son víctimas de un sistema que los ha abandonado.
De continuar esta indiferencia, la inoperancia corre el riesgo de transformarse en negligencia institucional. Y en materia de niñez, el silencio también es una forma de violencia.
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