El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país el uso de hospitales públicos y universidad, como respuesta a las críticas a la Argentina -en especial a su “racismo”- que se desataron en las redes en el marco de la participación de la Selección en el Mundial.
«Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron», escribió Romo, habitualmente polémico, en su perfil de X. El arancelamiento será para quienes no acrediten residencia permanente.
Allí, el diputado, que preside la bancada libertaria, venia reaccionando con dureza a los cuestionamientos a la Selección, que se fueron ampliando al país en sí. En su iniciativa no hizo mención explícita a las críticas contra el país, que algunos califican de “campaña”, pero lanzó en ese contexto iniciativa y se refirió a ella como una de sus causas en posteos y declaraciones de prensa..
El texto, que lleva la firma de 18 de los 20 diputados de la bancada libertaria y de Guillermo Montengro (PRO), aplicaría un arancel a los extranjeros que estudien en universidades de la provincia, pero solo existen dos con esa particularidad: la Universidad Provincia del Sudoeste, en Bahía Blanca, y la de Ezeiza, en esa localidad del conurbano. Además, en la provincia funcionan el programa Puentes: son 53 sedes que dependen de gobierno bonaerense -el programa lo implementó la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno- que llevan carreras a 81 municipios del interior, muchas de las cuales son de universidades nacionales. Pero el proyecto no especifica qué ocurriría con ellos.
En general, cuando se han planteado propuestas para arancelar estudios de grado para extranjeros -los de posgrado ya son de pago, para todos- se ha puesto como criterio la residencia permanente, pero desde las universidades han indicado que para inscribirse en las casas de altos estudios es necesario contar con DNI, y que eso se logra con residencia permanente. Por lo que la prohibición seria redundante.
¿Qué pasa con los hospitales?
Respecto de los hospitales -hay 77 que dependen de la provincia, más 15 Unidades de Pronta Atención UPA- el articulado propone que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud o a través tercero.
Además, dispone que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida y que el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente. En el proyecto quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.
Acerca del régimen arancelario en las universidades, la iniciativa de Romo establece que estos centros de estudio de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
En tanto, agrega que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones, costos administrativos y destino de los recursos, sin datos personales. «Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses», dice Romo en los fundamentos del proyecto.
En declaraciones remitidas a DIB, Romo señaló que “mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”.
Romo vinculó explícitamente su proyecto con la campaña de críticas a Argentina en las redes “encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”.
Por su parte, el vice de la Cámara de diputados, Juan Osaba, explicó que «la propuesta legislativa busca ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires. Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra Provincia”.
