El Gobierno vetó la ley de emergencia que buscaba asistir a los damnificados. Crítica de la oposición. La UCR insistirá con la normativa en el Congreso.
Luego que el presidente Javier Milei vetara por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la inundación trágica del 7 de marzo, se desató una serie de polémica con cruces entre diversos dirigentes.
La norma disponía, entre otras cuestiones, la creación de un Fondo Especial de $ 200.000 millones para la asistencia de los damnificados la reconstrucción de las áreas afectadas. Sin embargo, la administración libertaria justificó el rechazo al asegurar que envión fondos por ese total y que el proyecto de ley aprobado en su momento no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento.
“El Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”, posteó en X.
Aunque la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio no dejó pasarle esa afirmación y le recordó que la aprobación también contó con el voto libertario. “Hola corazón, te mando el acta de la votación por unanimidad de la Ley de emergencia en Bahía Blanca en el @SenadoArgentina donde están los del Javo, también”, chicaneó.
Un llamado pendiente
Frente a esta noticia, quien se mostró sorprendido fue el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y dijo que intentará en estas horas hablar directamente con el Presidente para entender por qué tomó esa decisión. “Sé que es un momento político especial. Yo confío en que ese marco de colaboración que se dio en el inicio del trabajo y hasta este día va a continuar. Confío en la palabra que el Gobierno nacional ha dado a través del presidente de la Nación, de que el Gobierno iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad y que iba a seguir acompañando a Bahía Blanca”, dijo.
Más allá del veto, la Unión Cívica Radical adelantó que sostendrá la Ley 27.790 y por eso intentará otra vez darle el visto bueno en el Congreso. “La emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Estamos convencidos de que las políticas públicas transformadoras se construyen con diálogo y coordinación entre los poderes de la república. Vamos a sostener la ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca”, expresaron a través de un comunicado que llega la firma de la diputada Karina Banfi y el senador Maximiliano Abad.
Mientras que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, criticó duramente la medida con una significativa frase: “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”.
“La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia”, agregó el PJ a través de un comunicado.
El decreto elimina en su totalidad la ley sancionada el pasado 4 de junio, que había declarado en emergencia a las zonas afectadas por el temporal y contemplaba, además del fondo, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días, fomento de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. (DIB)
