El Gobierno nacional dio un paso concreto: autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de las cárceles federales, con el objetivo de impedir que se sigan organizando delitos desde el interior de los penales. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Alejandra Monteoliva, confirma algo que hace tiempo es evidente: el celular dentro de una cárcel dejó de ser un objeto prohibido para convertirse en una herramienta para delinquir.
En la provincia de Buenos Aires, ese diagnóstico no es nuevo. Lo que falta es la decisión de actuar. Por eso, el senador provincial Pablo Petrecca presentó, hace unos días, un proyecto de ley que va en la misma dirección: terminar con el uso descontrolado de celulares en cárceles bonaerenses y reemplazarlo por un sistema institucional, controlado y con trazabilidad.
La propuesta de Petrecca es clara: crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS) que reemplace los celulares privados, permita comunicaciones controladas con contactos autorizados y garantice que el Estado vuelva a tener el control de lo que hoy, en muchos casos, no controla. Además, incorpora herramientas concretas como el bloqueo por IMEI de dispositivos no autorizados, una tecnología más precisa y efectiva que los viejos inhibidores.
El contraste es evidente. Mientras Nación avanza con soluciones tecnológicas que apuntan directamente al problema-detectando y bloqueando celulares dentro de los penales sin afectar el entorno-, en la Provincia sigue vigente un esquema improvisado, basado en un protocolo de emergencia de 2020 que nunca fue reemplazado por una ley.
Y las consecuencias están a la vista. Las cárceles bonaerenses hace tiempo dejaron de ser solo lugares de detención para convertirse, en muchos casos, en centros desde donde se organizan estafas, amenazas y otros delitos.
No es una discusión teórica: es una realidad que impacta todos los días en vecinos que reciben llamadas extorsivas o caen en engaños armados desde adentro de una celda.
Incluso el propio Petrecca fue víctima de esta situación: utilizaron su nombre e imagen para cometer estafas. Un hecho que expone con claridad el nivel de descontrol que existe.
Frente a esto, el proyecto presentado no busca quitar derechos, pretende ordenar el sistema. Garantiza la comunicación de las personas privadas de libertad, pero bajo reglas claras: sin redes sociales, sin internet abierto, con contactos autorizados, con trazabilidad de las comunicaciones y con control judicial en plazos breves.
“No se trata de quitar derechos. Se trata de que esos derechos no se conviertan en una herramienta para delinquir”, planteó el senador.
La pregunta, entonces, es inevitable: si la tecnología existe, si el problema está probado y si incluso el Gobierno nacional ya empezó a actuar, ¿por qué la Provincia de Buenos Aires sigue sin hacerlo?
La respuesta ya no pasa por lo técnico. Pasa por la decisión política.
Hoy hay dos caminos. Uno que enfrenta el problema, ordena y actúa. Y otro que sigue dejando que el descontrol avance.
Porque cuando el delito se organiza desde adentro de las cárceles, la inacción también tiene consecuencias. Y en la Provincia de Buenos Aires, esas consecuencias las están pagando todos los días los vecinos.
Senador Pablo Petrecca
Pte. Bloque Senadores PRO
Provincia de Buenos Aires
