El Gobierno adjudicó la Hidrovía y presentó el cierre del proceso como un “éxito”. Desde antes de la apertura de los primeros sobres, Ambito dio cuenta sobre las graves irregularidades y cuestionamientos que atravesaron la licitación de una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior argentino.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC y adjudicó el contrato a la firma Jan de Nul-Servimagnus, que, según el Ejecutivo, presentó la mejor oferta. La belga tiene como socio local y «pantalla» al Grupo Román, del magnate Ricardo Román y cuyas negociaciones llevó adelante su hijo Leonardo.
La decisión se conoce en medio de fuertes cuestionamientos al proceso licitatorio. Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales advirtió sobre posibles irregularidades en el pliego, entre ellas un presunto direccionamiento a favor del consorcio ganador, conflictos de interés dentro del comité evaluador, una tarifa mínima de peaje que habría condicionado las ofertas (impulsando un empate entre los valores, algo nunca visto) y sospechas de costos inflados en el esquema de dragado y balizamiento que serán cedidos al tándem Elías-Ondarcuhu.
Entre los puntos más sensibles, el informe señaló que el sistema de evaluación habría favorecido a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores, mientras que también cuestionó el costo de u$s10 millones exigido para presentar impugnaciones contra el Comote Evaluador que tenía a uno de sus integrantes en un doble rol que favoreció a Jan de Nul y su puntuación en este proceso. Además, apuntó contra la fórmula del “precio mínimo”, al considerar que pudo haber limitado la competencia real y derivar en un contrato con sobrecostos durante la concesión.
