POR JOSÉ LUIS AMADO -PERIODISTA AGROPECUARIO- EXCLUSIVO PARA GRUPO LA VERDAD
El pasado 16 de abril, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 273/2025, mediante el cual se eliminó la medida que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país. “A partir de ahora, quienes necesiten importar bienes usados podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites”, explica la norma.
Cabe destacar que, previo a este decreto, desde 1994 sólo se autorizaba la importación si no existían fabricantes locales de bienes similares lo que constituía una prohibición al Decreto presidencial de Javier Milei Nº 70/2023, que determina que “no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos”.
En síntesis, a partir de esta derogación se podrá importar: “Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. Aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras. Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera. Tractores”. Estos productos, -explica la nueva normativa-, podrán ingresar libremente al país tributando un arancel máximo de 35%.
“Me escribía Damián Riesco, un productor agropecuario, quien me comentaba que no podía importar una cosechadora modelo 2012 de EE.UU a 99 mil dólares, cuando una argentina usada no se consigue por menos de 250 mil dólares”, escribió en su cuenta de X el ideólogo de la medida y ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Como dato adicional, hay que decir que no está claro de cuánto va a ser el ahorro de una máquina usada americana vs la misma comprada aquí, pero a grosso modo se puede aventurar que el ahorro sería de un 30% menos.
En este marco, distintos actores del sector agropecuario se han manifestado, tanto en contra como a favor. El primer sector que salió a tomar posición sobre la medida gubernamental fue la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), quien expresó: “En primer lugar, el ingreso irrestricto de maquinaria agrícola usada representa una amenaza directa para la cadena de valor industrial nacional y el entramado productivo federal”. También dijeron que “al no solicitar mayor documentación que una declaración jurada del producto a ingresar, la ausencia de controles adecuados impide la correcta verificación de la condición y uso real de la maquinaria importada, dificultando distinguir entre aquellas destinadas al uso productivo y aquellas ingresadas con el objetivo de reventa o reacondicionamiento, muchas veces también con partes importadas”, destacaron los fabricantes locales.
Por su parte, la Asociación Argentina Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), a través de su economista Santiago Giraud se expresó diciendo que “El productor cobra 30% menos por la soja que su par brasileño y paga la maquinaria más cara”. Giraud explicó que, a diferencia de otras industrias que pueden trasladar sobrecostos al consumidor, “el productor agropecuario no tiene margen de maniobra. Vende a precio internacional menos retenciones, y encima en un contexto de precios de granos a la baja. La relación maquinaria/granos es peor que en los países limítrofes”, señaló. “Eso no solo afecta al productor, también a los contratistas rurales, que muchas veces no tienen tierra, pero su capital es la maquinaria. Este desbalance golpea directamente su rentabilidad y su capacidad de generar empleo”, añadió en un claro apoyo a la importación de maquinaria.
Otra entidad que se manifestó fue la Asociación de Fabricantes de Tractores (AFAT), quienes alertaron sobre un posible colapso de la industria nacional. A esto el economista de los grupos CREA comentó: “Es una advertencia válida desde su perspectiva. Pero los productores y contratistas también dan empleo, y los sobrecostos locales atentan contra eso”.
Pero los grupos CREA fueron más allá al realizar un estudio en el que se contrasta el valor local de la maquinaria agrícola usada versus el precio que rige en otros países de características semejantes: Brasil, Canadá, Australia y los Estados Unidos.
El trabajo determinó que en Argentina una misma cosechadora es 163% más cara que el precio promedio de los cuatro países. En el caso de un tractor de 230 Hp en Argentina es 63% más caro, en los de 270 Hp es 64% más caro y en pulverizadores autopropulsadas un 50% más cara.
Pero lo más llamativo del trabajo es que una cosechadora usada que en Argentina vale 555.000 dólares, en Brasil la misma está en 230.000 dólares, es decir menos de la mitad. En el caso de un tractor usado de 230 Hp, en Argentina está a 203.000 dólares, en Brasil el mismo sale 95.000 dólares. Y una misma pulverizadora usada que aquí cuesta 240.000 dólares en Brasil sale 91.000 dólares.
En el mercado de maquinarias nuevas las diferencias se acortan, pues estas arrancan en un 11% y llegan hasta un 66%.
Este tema es importante porque Argentina y Brasil son países limítrofes con varios pasos fronterizos que los une, lo cual alentaría a productores y contratistas a traer maquinarias usadas de allí.
