Por Redacción Grupo La Verdad
El complejo de 149 viviendas del Pro. Cre. Ar en Junín (ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco) salió a subasta pública por el Gobierno nacional con un precio base de 7.061.772,57 dólares.
Frente a esta situación, la senadora provincial Valeria Arata planteó esta semana que se abre una nueva oportunidad para que el Municipio de Junín realice las gestiones necesarias ante el Gobierno nacional para encontrar una alternativa que permita finalizar las viviendas y luego sortearlas entre vecinos de la ciudad.
“La subasta se hizo y no hubo oferentes. Esto abre una posibilidad concreta: que el Municipio recapacite y empiece a gestionar ante el Gobierno nacional una alternativa para que estas viviendas puedan terminarse y llegar a las familias de Junín”, sostuvo Arata.
La legisladora juninense remarcó que se trata de viviendas que “ya cuentan con un importante grado de avance y que no deberían quedar abandonadas ni terminar destinadas exclusivamente a una operación inmobiliaria. No podemos resignarnos a que viviendas que ya están construidas queden abandonadas o se conviertan en un negocio inmobiliario sin alcance para las familias de Junín. Son 149 hogares que pueden cambiarle la vida a 149 familias juninenses”, afirmó.
Arata consideró que la falta de oferentes en la subasta debe ser tomada como una oportunidad para revisar el camino elegido y buscar una solución que priorice el acceso a la vivienda.
“Alguna empresa”
Eduardo Diotti, secretario general de UOCRA Junín, señaló al respecto que “hay 20 que están terminadas, y 120 y pico por terminarse. Lo que cuesta terminarlas es un infierno. Eso tendría que comprarlo una empresa, hacer un convenio con un banco, y que los adjudicatarios le paguen al banco. De otra manera es imposible”.
El entrevistado remarcó que “eso nadie quiere comprarlo porque hay que terminarlas. Hay algunas de esas viviendas que están al 100, otras que están al 80 y algunas al 30 por ciento. Tendría que aparecer una empresa grande y hacer un convenio con un banco que dé un crédito que pueda pagar un trabajador, de otra manera es imposible”.
Rechazo de la CGT
La CGT Regional Junín expresó el pasado mes su “más enérgico rechazo” a la decisión de avanzar con la subasta de las 149 viviendas del desarrollo urbanístico Pro.Cre.Ar de nuestra ciudad, una medida que “desvirtúa el verdadero objetivo para el que fueron construidas: garantizar el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras”.
“Estas viviendas nacieron como una política pública destinada a generar oportunidades para quienes, con esfuerzo y trabajo, aspiran a tener su casa propia”, dijeron en un comunicado desde la central obrera.
“Transformarlas hoy en un negocio inmobiliario constituye un grave retroceso y un golpe a cientos de familias de Junín que se inscribieron, cumplieron los requisitos y mantienen viva la esperanza de acceder a una vivienda digna”, acentuaron.
Desde el movimiento obrero organizado sostuvieron que la vivienda “es un derecho, no una mercancía. El Estado debe proteger ese derecho y no promover mecanismos que favorezcan la especulación por sobre las necesidades de la comunidad”.
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