El Partido Justicialista fijó una posición contundente frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En un comunicado difundido este viernes, la conducción partidaria aseguró que el proyecto oficial “no nace en Argentina, sino en Washington” y lo inscribió dentro de “las condiciones del FMI” para sostener el programa económico. Según la dirigencia peronista, lejos de incentivar la creación de empleo, la propuesta profundizaría la precarización y haría retroceder derechos conquistados.
El pronunciamiento se dio en medio de un mercado laboral debilitado. El PJ advirtió que desde fines de 2023 “se cerraron más de 19.000 empresas y se destruyeron 276.000 empleos formales”, cifras que calificó como “devastadoras”. A su juicio, el deterioro del empleo responde al colapso del consumo interno, la caída del poder adquisitivo y la falta de crédito productivo.
Cuestionamiento al Gobierno
En consecuencia, rechazó que las leyes laborales sean el obstáculo que impide la recuperación y cuestionó que el Gobierno insista en la flexibilización como único camino.
El documento también apuntó contra la reforma previamente incluida en la Ley Bases. Según el peronismo, esa primera etapa de cambios “no generó ni un solo puesto de trabajo” y, por el contrario, coincidió con una aceleración de despidos, especialmente en sectores como la construcción, la industria y el comercio.
El texto destacó que “el 70% de los trabajadores expulsados provienen de las empresas más grandes”, lo que desmiente -según plantearon- la narrativa oficial que responsabiliza a las pymes.
Menos derechos
Para el PJ, el nuevo paquete laboral propuesto por el Ejecutivo “consolidaría un modelo de menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.
Bajo esa premisa, reivindicó una agenda alternativa de reformas orientadas a “modernizar sin precarizar”. Entre los ejes centrales mencionó la recuperación del salario como motor del mercado interno, la reducción de la jornada laboral para mejorar la productividad y el equilibrio entre trabajo y vida personal, y la ampliación de derechos vinculados al mundo laboral contemporáneo.
En ese sentido, la declaración reclamó el reconocimiento de la desconexión digital, la actualización de licencias parentales, la incorporación de monotributistas a esquemas de protección social y el fortalecimiento de la prevención de riesgos laborales, incluidos los problemas de salud mental. También volvió a plantear uno de los históricos reclamos sindicales: la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
Trabajo digno y producción
El comunicado citó a Eva Perón para fundamentar su enfoque: “donde hay una necesidad, nace un derecho”. Bajo esa referencia, el PJ sostuvo que el país necesita “trabajo digno y producción”, en lugar de lo que consideró un programa de ajuste cuyo objetivo “no es la libertad sino la sumisión a recetas extranjeras que ya fracasaron”.
La dirigencia afirmó además que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”.
La posición partidaria se da en el marco de un debate nacional que promete tensar la discusión parlamentaria. El PJ anticipó que llevará estos planteos al Congreso y al debate público, y cerró con un mensaje dirigido al Gobierno: “No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.
