El Gobierno de Javier Milei oficializó la prohibición de cobrar tasas municipales en servicios públicos, una medida que había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, y que hizo escalar la tensión de la administración nacional con los intendentes, quienes advierten que se trata de un mecanismo para “ahogar” a los municipios.
Todo comenzó la semana pasada cuando Caputo criticó a los intendentes por los elevados tributos locales y los acusó de “obstaculizar el programa económico” del Gobierno para bajar la inflación.
Los jefes comunales se defendieron al explicar que el recorte de fondos y de transferencias afectan el funcionamiento de las comunas y que se trata de tributos progresivos que buscan redistribuir la carga impositiva sobre los sectores económicos con mayor capacidad contributiva. “Parece un modus operandi: rompen todo y le echan la culpa a otro”, le reprocharon.
No obstante, el conflicto escaló. Y el Gobierno buscó entre sus posibilidades un mecanismo para limitar esos cobros. Ayer, Caputo anunció la medida en redes y fue oficializada. Esa decisión promete aún más polémica, al verse concretada en una resolución oficial que se mete de lleno en la discusión por los recursos entre las distintas jurisdicciones.
La medida fue establecida en el Boletín Oficial mediante la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Lavigne.
Sobre este tema el concejal de Unión por la Patria, Martín Palma, dijo a Grupo La Verdad que «en este tipo de análisis hay que alejarse de la especulación política del momento en función de si a uno le toca ser oficialismo u oposición. En términos conceptuales este no es un tema nuevo, es un debate histórico en torno a la autonomía municipal que promueve la constitución nacional, donde los municipios solo pueden generar tasas y no impuestos».
«La única manera de financiarse que encuentran habitualmente los gobiernos locales muchas veces es adhiriendo esas tasas a las boletas de los servicios públicos por una cuestión de cobrabilidad. Lo que debemos cuidar son los recursos de los juninenses que con mucho esfuerzo aportan, más en estos contextos de crisis, donde son los gobiernos locales, de proximidad, el primer estamento donde el vecino se acerca a demandar el cumplimiento de sus servicios. Tenemos que hacer hincapié ahí, en cuidar los recursos de los vecinos», evaluó luego.
Más adelante, el edil manifestó que «sin embargo ahí se desprenden dos cuestiones. Por un lado el cobro de la tasa de alumbrado público no es lo mismo un 25% en una boleta de 4000 pesos que en una de 300.000. En este contexto de desregulación hay que sincerar los números de las cuentas locales porque vemos que existen partidas millonarias de libre disponibilidad y por otro lado la contraprestación de la tasa que se cobra».
«Ahí es donde debemos exigirles a los ejecutivos locales que inviertan de modo transparente y eficiente esos recursos. A modo de ejemplo podemos mencionar que en la boleta de gas pagamos un 10% para ampliación de red y después vemos que aquellos vecinos que requieren la ampliación de la red deben conformarse en consorcio para poder acceder pagando ellos mismos la obra», cuestionó hacia el municipio de Junín.
Asimismo, Palma dijo que «lo que quiere hacer el Ejecutivo nacional es exponer esta situación y mostrarle a la ciudadanía que lo que se cobra de impuestos con los servicios no corresponde a impuestos nacionales sino que tiene que ver con recargos municipales. Están buscando exponer quién es el que cobra y recauda».
VÍA JUDICIAL
Por otra parte, Palma, manifestó: «seguramente como mucho de los temas que vienen sucediéndose en el ámbito nacional se vendrá un camino judicial y se volverá a discutir la constitucionalidad de la medida, la autonomía municipal, cómo esa autonomía no se encuentra plasmada en la provincia de Buenos Aires, la distribución de los recursos, quién los cobra, cómo vuelven a nuestras comunidades».
«Es el momento de discutir a fondo qué es lo que pasa con lo que uno como ciudadano aporta en IVA, Ganancias, cuando las pymes pagan sus impuestos y vemos que la obra del Paso Bajo a Nivel no tiene financiamiento, que la Autopista sobre ruta 7 sigue demorada, los derechos de exportación del agro, etc», finalizó.
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