Tras el duro golpe que recibió el oficialismo en el Congreso en relación a la ley de Bases, el Gobierno de Javier Milei no tardó en responder. Primero con un recorte a los subsidios al transporte, y luego confirmando que en enero redujo 98% las transferencias discrecionales a las provincias y que eso seguirá en febrero, lo que significa un duro futuro para los gobernadores.
En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que si todos los argentinos “están haciendo un esfuerzo” en materia económica, “también lo tienen que hacer los gobernadores”.
“Durante enero se redujeron 98% las transferencias discrecionales a provincias. Estamos transparentando un sistema que funcionaba en favor de la propia política. Los recursos se están enviando a través de las transferencias automáticas. Las discrecionales se han terminado”, comentó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Y destacó que le medida se trató de una decisión del Presidente y que responde a “lo que dijo siempre” sobre el tema.
A partir de esta reducción de las transferencias a las provincias, indicó Adorni, “las cajas para hacer política se han terminado”. Y añadió: “Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”.
Ya en diciembre, el Gobierno ordenó cortar las transferencias discrecionales y frenar obras sin ejecutar. La estrategia era sentarse a negociar con los gobernadores, pero todo pareció precipitarse en las últimas horas con la caída de la ley ómnibus.
Según un informe del Ieral, que circuló en pleno debate en las gobernaciones, el Ejecutivo envió en enero apenas $ 200 millones de transferencias no automáticas a las provincias, en comparación con los $ 46.800 millones que había mandado el mismo mes de 2023, en términos constantes. Esto significó que 13 de ellas no recibieran un solo peso.
Las provincias más perjudicadas
Las más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, muchas vinculadas al peronismo opositor. Pero también Córdoba -a pesar de tener funcionarios en áreas clave de la administración nacional- y los distritos gobernados por JxC, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.
En el caso de la provincia gobernada por Axel Kicillof, en enero de 2023 había recibido 35.510 millones de pesos y en el mismo mes de este año solo 50 millones. La contrapartida en Buenos Aires, que pasó de 9 millones a 74 millones, y es una de las pocas beneficiadas por Milei.
El grueso de esos fondos que van a las provincias y administra el Tesoro por fuera de la coparticipación están asociados al Fondo nacional de incentivo docente, el Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la denominada Asistencia financiera a provincias y municipios (ATN) y las transferencias a Cajas previsionales provinciales.
El otro revés para los gobernadores fue la pérdida en enero de $ 280.000 millones en transferencias automáticas por la menor recaudación de impuestos coparticipables y la suba del piso mínimo de Ganancias impulsada por Sergio Massa, con apoyo de Milei. Según el director del Iaraf, Nadin Argañaraz, habrían caído 11% real interanual, el menor valor real para enero de los últimos 9 años.
La reducción casi total de las transferencias discrecionales se conoció horas después de que el Gobierno anunciara una disminución del subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional para, de ese modo, concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). (DIB)
