La habitual manifestación de los miércoles por parte de los jubilados en las afueras del Congreso terminó de la misma manera que la semana pasada: con represión por parte de la Policía Federal, con heridos y con detenidos. El reclamo sostenido es la restitución del 100 por ciento de los descuentos en los medicamentos del PAMI, la prórroga de la moratoria jubilatoria, que el Gobierno pretende cerrar a fines de marzo, y la recomposición de los haberes. La respuesta fueron diez heridos y dos detenidos.
Un megaoperativo de la Policía Federal y la Gendarmería, que duplicaba a los manifestantes, avanzó con escudos, bastones y gases lacrimógenos contra los jubilados y las postas de salud y seguridad que acompañan el reclamo. “¡Que todo el mundo escuche y entienda bien! ¡Es un gobierno dictatorial! ¡Este gobierno no da más!”, se descargó un jubilado con los ojos rojos tras ser gaseado por el operativo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La movilización de cada miércoles convocada por el Plenario de Trabajadores Jubilados, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), el Polo Obrero, la CTA y otros partidos de izquierda y sindicatos fue pacífica y había acordado con la Policía Federal realizar una ronda sobre la plaza de los Dos Congresos y bajar a la calle respetando el corte de los semáfores en las calles Callao y Rivadavia. Sin embargo, el operativo del Ministerio de Seguridad avanzó con represión.
“A pesar de que hemos tenido jubilados heridos por los gases, porque tiran a la cara y hace mucho daño a los ojos, y por una compañera jubilada que tuvimos que llevarla al hospital en ambulancia el miércoles pasado, no vamos a bajar la guardia. Lo hemos dicho desde que nos empezaron a aplicar el protocolo: no vamos a bajar los brazos”, señaló Ana Valverde, dirigente de UTJEL.
La semana pasada, en medio del escándalo por la estafa de la memecoin $Libra, los jubilados también fueron reprimidos, tal como viene ocurriendo desde agosto pasado; cuando el presidente Javier Milei adelantó que vetaría la Ley de Movilidad Jubilatoria, decisión que consiguió sostener en septiembre con los votos del PRO, parte de la UCR y el respaldo de otro voto traccionados por los gobernadores provinciales.
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