Tras una serie de rechazos en la Justicia, el Gobierno de Javier Milei daría marcha atrás con la resolución que le prohibía a los intendentes cobrar tasas municipales en las facturas de empresas privadas.
Pese a que hasta hace poco estaba decidido a multar a empresas que sigan cobrando tasas municipales, ahora iría por el camino contrario, al menos para las compañías Edenor y Edesur, que tienen regulación nacional y operan en Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Mientras que dejará en manos de cada provincia la posibilidad de dictar lo mismo para las empresas que operan en sus territorios. En el caso del interior bonaerense, donde operan cientos de cooperativas eléctricas, la administración de Axel Kicillof ya advirtió que pueden hacerlo.
Según publicó el diario Clarín, el Gobierno libertario hará una excepción “exclusiva” a la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, para el alumbrado público. Todo el resto de las tasas deberán ser “descolgadas” de los servicios públicos y cobrarse aparte. Las tasas de alumbrado público son variables, pero tienen un tope por el contrato de concesión de 6,424%.
La resolución publicada a mediados de septiembre restringía la posibilidad de aplicar recargos en las liquidaciones que envían las empresas de servicio a sus clientes. Y el objetivo, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, es que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”.
Sin embargo, esto puso en alerta a varios intendentes del conurbano que recurrieron a la Justicia, que a través de una serie de fallos le dio la razón, al menos en una primera instancia. Comunas como la de Pilar y Moreno lograron cautelares a su favor ´para poder seguir cobrando esas tasas.
