El gobierno de Axel Kicillof profundizó hoy su rechazo a la modificación de la ley de tierras que impulsa el gobierno nacional como uno de los capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al advertir que la última actualización de esa iniciativa, que amplía al 25% el tope, es “una trampa”.
La encarga de dejar sentada la postura adversa del gobierno provincial -que ya había manifestado el propio Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez-, fue la titular de la cartera de Ambienta, Daniela Vilar. “Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa”, planteó la funcionaria.
Se refería a la nueva redacción de la norma -es la versión número 16 que circula- que amplía de 15% al 25% el tope de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras dentro de cada provincia, una modificación que el oficialismo introdujo en busca de encontrar los consensos que les permitan avanzar en el senado, lo que hasta ahora no consiguió.
Vilar explicó que el punto clave, según su visión, es el hecho de que el nuevo texto, pese a subir el límite nacional elimina restricciones que actualmente también se aplican a escala departamental, por lo que habilita que en alguno de ellos se supere incluso el límite del 25%. De hecho, ya existe en Puerto Libertad, Misiones, donde una empresa chilena posee el 75%.
Para Vilar, ese cambio es central porque el porcentaje provincial no necesariamente refleja cómo puede concentrarse la propiedad en determinados territorios. “El departamental es el que importa”, remarcó, al señalar que es en esas jurisdicciones donde se encuentran concentrados recursos estratégicos como el agua, el litio, los glaciares y grandes extensiones de tierra productiva.
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