“No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”. Esa fue la promesa que el presidente Javier Milei hizo públicamente luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Ante eso, el Gobierno se enfrenta al vencimiento del plazo para vetar las recientes leyes sancionadas por el Congreso: la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica (movilizada por la situación del Hospital Garrahan) y el nuevo sistema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En la Casa Rosada lo ratifican: las vetarán todas.
Las primeras dos legislaciones tienen un impacto considerable en términos de opinión pública. La tercera, en cambio, es más técnica, pero no por ello menos vital para el oficialismo: de manera inédita en los años recientes, esa ley fue consensuada por los 24 gobernadores ante el freno de fondos decidido por Nación, permitiéndole a las provincias recibir esos fondos sin depender de la discrecionalidad de la Casa Rosada.
El fondo de los ATN se compone del 1% de la masa coparticipable y de otros aportes, como el 2% del Impuesto a las Ganancias. Su distribución, históricamente discrecional y orientada a atender emergencias provinciales (o a favores políticos, aunque no se lo admita en público), se vio restringida en la actual administración, que en 2024 no distribuyó la totalidad de los recursos disponibles.
La ratificación oficial de que se vetará esa normativa hizo enfurecer a los gobernadores, quienes permanecen incrédulos ante los recientes intentos del oficialismo por volver construir lazos.
