Por Redacción Grupo La Verdad
El Gobierno de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ha inhabilitado o dado de baja a más de 160 empresas de medicina prepaga entre enero y abril de 2026, como parte de una depuración del registro nacional por incumplimiento de requisitos normativos.
Según lo dado a conocer de manera oficial en el transcurso del último tiempo, las bajas responden a un «reordenamiento del sistema de salud» y una «depuración del padrón de agentes» para asegurar que solo operen entidades que cumplan con la normativa vigente, garantizando transparencia y calidad prestacional. Muchas de las entidades inhabilitadas no demostraron actividad, no cumplieron con las exigencias de información, o no contaban con la documentación definitiva.
Este proceso administrativo, se hizo saber públicamente, es visto por los especialistas del sector como un paso necesario para sanear el sistema de salud, permitiendo que los recursos y la competencia se concentren en aquellas instituciones que efectivamente sostienen la infraestructura sanitaria del país.
La consolidación de un registro fidedigno es el primer paso hacia una reforma más profunda que busca mejorar la eficiencia del gasto en salud y la libre elección de los beneficiarios en un mercado más transparente.
Más exigencias
Sebastián Ramos, referente de Planes de Salud de Medicina Prepaga de Clínica La Pequeña Familia, con amplia cobertura en Junín y la región, dijo sobre el tema a Grupo La Verdad que “es muy exigente” la Superintendencia de Servicios de Salud en los controles.
“Desde que salió la Ley de Medicina Prepaga, la 26.682, se exigió a los organismos a inscribirse, cumpliendo condiciones y la presentación de informes semestrales y/o trimestrales. Posteriormente surgió una resolución, la 1.950, en 2021, que reguló la ley y tipificó a las empresas de medicina privada en tres grandes grupos. En algunos casos se pusieron veedores, pero desde que está el nuevo gobierno las controles y pedidos de informes son cada vez más rigurosos”, describió Ramos.
“Se dieron inscripciones provisorias en principio, esta nueva Superintendencia es mucho más exigente y fue dando de baja entidades. Hay ahora un tercer agente, una nueva resolución, y algunas empresas puedan captar los aportes de manera directa, aunque duplicando las exigencias. En nuestro caso el aporte del afiliado viene pleno, sin que un intermediario cobre una comisión”, ahondó el entrevistado.
Y completó: “Los controles son muchos, pero se controla calidad y cómo se aplican los fondos correctamente. Las exigencias son muchas, es cierto. Lo que busca la Superintendencia es que seamos eficientes en la aplicación de recursos y que la mayor cantidad de recursos que apliquemos sea para prestaciones médicas”.
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