El gobierno estudia la posibilidad de dar un paso más en el ajuste del Estado: luego de dar de baja contratos, buscaría recortar horas extra y adicionales de los trabajadores de la administración pública, lo que podría abrir un duro frente con los gremios, ya que en algunos casos esos conceptos representa el 50% del salario.
Antes de fin de año, el gobierno comenzó a concretar una de sus promesas de campaña: no renovar los contratos de los trabajadores que se sumaron a la administración durante 2023 y, además, poner en revisión por 90 días los que tienen una antigüedad mayor y no forman parte de la planta permanente.
Ahora, el gobierno busca sumar a ese recorte el de las horas extra y otros adicionales. En una auditoría realizada a instancias del decreto 84, usado para dar de baja los contratos de 2023, se señala que la parte sustancial de esos trabajadores gana sueldos del orden de los $450 mil, de los cuales la mitad en michos casos son las sumas a recortar
El área de Empleo Público de jefatura de Gabinete es desde donde están revisados esos contratos y existe el temor que efectivamente el Poder Ejecutivo aplique recortes o topes al pago de horas extras y otros suplementos que dejarían a esos haberes debajo incluso de la línea de la pobreza y en un contexto de inflación altísima.
Desde los gremios vienen realizando medidas de protesta a la espera del paro general que decretaron la CGT y las dos CTA para el 24 de este mes, en la previa del tratamiento del DNU 70, que desregulariza la economía. ATE, por caso, ya realizó jornadas de protesta en contra de este tipo de medidas.
Ahora, se prevé que esa conflictividad pueda aumentar, sobre todo porque se trata de un recorte que dejaría a los salarios en el orden de los 225 mil pesos en un contexto de inflación creciente, que podría llegar al 30% en diciembre. Esa combinación supone una fuerte pérdida del poder de compra de los salarios.
