La demora de la Justicia en resolver la suspensión del funcionamiento de la planta de Atanor que rige desde marzo, ubicada en San Nicolás, dispuesta ante una presentación de una ONG ambientalista, pone el grave peligro la continuidad de 132 puestos de trabajo, que podrían perderse si la compañía, que desde entonces paga el 75% de los salarios, no puede volver a producir.
La suspensión de funcionamiento fue dictada por la jueza Correccional N°3 del Departamento Judicial de San Nicolás Luciana Díaz Bancalari, el 20 de marzo y, poco después, Atanor, una compañía del grupo internacional Albaugh, acordó con el Sindicato de Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIyP) la puesta en marcha de un régimen de suspensiones que rigió entre el 11 de mayo y el 11 de agosto.
Durante ese período, los empleados y las empleadas cobraron el 75% de sus salarios, a la espera de que la magistrada resolviera la medida, que había interpuesta la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná. Dos días antes de la fecha prevista para la vigencia del régimen de suspensiones, Días Bancalari realizó en la planta una visita formal u inspección ocular in situ.
Pero la situación aún no se destrabó, pese a que se trata de una medida cautelar, e incluso podría estirarse en el tiempo a raíz de nuevos tramitaciones y presentaciones en tribunales, según indicó el diario local El Norte. En ese marco, la compañía comenzó a evaluar en firme la aplicación de un plan de retiros voluntarios que conversó con el SPIyP. E incluso, dada la gravedad de la afectación productiva que implica la prolongada prohibición de trabajar, podría verse forzada a avanzar con despidos masivos de personal.
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