El Gobierno nacional busca financiamiento para encarar un paquete de obras eléctricas de gran magnitud, con el objetivo de aliviar un sistema de transmisión tensionado por el crecimiento de la demanda. La administración de Javier Milei calcula que requiere al menos USD 6.500 millones para ampliar las redes de alta tensión y reforzar el transporte energético, de modo que pueda soportar los picos de consumo en los períodos de calor o frío más extremos.
La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, trazó un mapa de obras urgentes. Entre las prioridades figuran la línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins en Cuyo, la ampliación de la línea Puerto Madryn–Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia y la construcción de una nueva estación transformadora en Plomer, junto a más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza–Vivoratá–Atucha para reforzar el Área Metropolitana.
Hasta ahora, la imposibilidad de concretar estos proyectos pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la de los contratos de Participación Público Privado durante la gestión de Mauricio Macri, el Ejecutivo apunta a que las obras sean ejecutadas por empresas privadas. La inversión se recuperará con un cargo futuro en la tarifa o un canon cuotificado.
El plan busca fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mejorar la calidad del servicio eléctrico y eliminar cuellos de botella en la transmisión”, explicó el vocero presidencial Manuel Adorni al anunciar en mayo las iniciativas, que todavía no comenzaron a ejecutarse.
Un sistema al límite
Los documentos oficiales advierten que existen “deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones no han acompañado el crecimiento de la demanda”, y remarcan que las inversiones fueron “inferiores a las mínimas requeridas”. Según los informes, “las condiciones son incompatibles con la operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones del suministro y energía no suministrada”.
El deterioro se profundizó en los últimos años. En la última década, el pico de demanda creció un 26%, pero solo se incorporaron unos 1.200 kilómetros de líneas de alta tensión, la cuarta parte de lo sumado en la década anterior.
Al hacer la presentación, Adorni subrayó que el 35% de las instalaciones actuales están al final de su vida útil y recordó que la última obra de alta tensión nacional se concretó en 2017, mientras que en el AMBA la más reciente data de 2006. Además, en los últimos seis años se ejecutó apenas el 38% de las obras previstas en transmisión.
Cortes y apagones
La precariedad del sistema quedó en evidencia en marzo, cuando fallas en cables de alta tensión de Edesur dejaron sin luz a 740.000 usuarios en el centro porteño durante una jornada con sensación térmica superior a 44 grados. Hubo más de 50 personas rescatadas de ascensores, caos de tránsito por semáforos apagados y afectación en subtes, trenes y colectivos.
Especialistas del sector advierten que la falta de mantenimiento y la insuficiencia tarifaria de los últimos años fueron la raíz de los cortes masivos. Aunque el Gobierno avanzó en la recomposición de tarifas, el impacto en la calidad del servicio todavía no se refleja.
