El Gobierno Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, tal como se conoce a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642. La iniciativa ingresó este sábado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones.
El Poder Ejecutivo argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total.
El Gobierno solicitó al Congreso el «pronto tratamiento y sanción» de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como «técnicamente más consistente, uniforme y adaptable».
Algunos detalles del pedido de derogación
Estos son los fundamentos del proyecto oficial, según informó NA.
Derogación total: Entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Impliaría la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.
Críticas y confusión al consumidor: El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera que alimentos tradicionales y saludables reciban advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados.
Falta de incentivos para la industria: La estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.
Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a pymes: La falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados. Esta situación afecta especialmente a las pymes.
Rigidez normativa: Impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
Garantía de la información tradicional: La medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados.
