Por Redacción Grupo La Verdad
Además, otra de las modificaciones a la reforma es la incorporación del índice “Casa Propia” que es el utilizado para los créditos Procrear, como mecanismo de actualización del precio de los alquileres. Por ende, por medio de esta fórmula se tendrá en cuenta el menor indicador entre el promedio de la evolución salarial y el de la inflación del último año.
En continuidad con el curso legal y el tratamiento legislativo de esta reforma, ahora los cambios deberán ser tratados por la Cámara de Diputados de la Nación para efectuar una segunda revisión del proyecto de reforma, con el objetivo de votar si se aprueban estas modificaciones o se mantiene en vigencia la actual sanción.
En relación a los cambios aprobados por el Senado, Daniel Di Palma expresó: “Después de una sesión maratónica se aprobó por mayoría en Senadores que el contrato nuevo de vivienda se mantenga en 36 meses de ampliación, es decir tres años como plazo mínimo, que el incremento se haga cada seis meses y la incorporación de un índice denominado ‘Casa Propia’ que aplica para los créditos Procrear que abarca un mix de salario e inflación”.
“También se aprobaron excepciones para los propietarios que tienen hasta dos propiedades, para que no tengan que abonar monotributo, se mantiene el registro de contratos ante la AFIP y también las excepciones de Ganancias y Bienes Personales introducida por Diputados”, puntualizó.
En continuidad, el profesional manifestó que “ahora el bloque de Juntos por el Cambio que había impulsado este proyecto de reforma en Diputados tiene la complicada tarea de volver a construir una nueva mayoría, para avanzar con esta iniciativa y más aún en un clima electoral como el que estamos viviendo”. Además, afirmó que “si bien hace falta un marco legal, sabemos que no es la solución definitiva para este problema”.
Por otra parte, Di Palma opinó que “el que tiene una vivienda para alquilar lo que quiere es tener una renta sobre ese inmueble, pretende tener un buen inquilino o locatario que le cuide la propiedad y que a la hora de reparar las cosas cuesten en su justa medida”, y amplió: “Lo que se precisa es tener orden macroeconómico, baja inflación, recuperación del poder adquisitivo de los locatarios y que los jóvenes tengan trabajos que les permitan acceder a viviendas en alquiler”.
“En este contexto, la situación no pasa por atarse a una reglamentación que es lo que corresponde en toda contratación, sino que el tema de fondo está en el rumbo económico del país que es lo que nos está causando un grave problema y es por lo que se discute si la duración tiene que ser de 24 o 36 meses”, afirmó el martillero público y consideró que “esto depende de la economía que venga en los próximos tiempo y tener un marco legal para terminar con esta discusión”.
Finalmente, Di Palma aseguró que “esto no es un problema de locador, locatario ni locadores, tampoco es un problema de leyes ni de reglamentación porque ya las tenemos y nos regimos las inmobiliarias, sino que necesitamos de una vez por todas parar con estos desniveles que produce la alta inflación y la destrucción del poder adquisitivo de nuestros trabajadores”.
