Desde la asunción del presidente Javier Milei, las provincias argentinas dejaron de percibir más de $15,5 billones por coparticipación, una pérdida que equivale a cerca de 12 mil millones de dólares. Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, esa caída no responde a una coyuntura económica, sino a un modelo fiscal regresivo que transfiere recursos desde los territorios al gobierno central.
“El ajuste no lo está haciendo la Nación, lo están pagando las provincias”, señaló Girard, al explicar que, durante 2024, los ingresos coparticipables cayeron 12,3% en términos reales, mientras que los no coparticipables apenas retrocedieron un 1,2%.
Entre las decisiones que generaron esta situación, el funcionario bonaerense destacó la reintroducción del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —que volvió a afectar a trabajadoras y trabajadores—, la eliminación de la devolución del IVA y la rebaja de Bienes Personales en el marco de un blanqueo fiscal “a tasa cero”.
“El gobierno benefició a los sectores de mayores ingresos y aumentó impuestos no coparticipables, como el PAIS y los combustibles, para sostener su recaudación. Así, los de arriba pagan menos, los de abajo más, y las provincias reciben cada vez menos”, explicó Girard.
El informe también advierte que, a pesar de una supuesta recuperación, los datos del primer trimestre de 2025 reflejan una caída interanual del 4,1% en la recaudación total y una baja del 8,8% en el IVA, lo que confirma la profundización de la recesión. La leve suba en Ganancias responde exclusivamente a la ampliación del tributo a asalariadas y asalariados.
La mejora de apenas un 1,2% en la coparticipación no alcanza a revertir el deterioro del año anterior, que dejó a las provincias en rojo por más de $15 billones. “No hay milagro fiscal. Hay un Estado nacional que se financia debilitando a las provincias y municipios”, aseguró el titular de ARBA.
Para Girard, lo que está en juego es mucho más que una cuestión fiscal: “Estamos frente a un ajuste deliberado, que castiga a jubiladas, trabajadores y a las economías locales. Detrás de cada punto de recorte hay hospitales con menos insumos, escuelas sin mantenimiento y obras que se paralizan. Esto no es reducir privilegios, es debilitar al Estado que garantiza derechos”, concluyó.
