Por Redacción Grupo La Verdad
Esta semana, el Gobierno de Javier Milei oficializó la prohibición de cobrar tasas municipales en servicios públicos, una medida que había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, y que hizo escalar la tensión de la administración nacional con los intendentes, quienes advierten que se trata de un mecanismo para “ahogar” a los municipios.
Caputo ya había criticado a los intendentes por los elevados tributos locales y los acusó de “obstaculizar el programa económico” del Gobierno para bajar la inflación.
Los jefes comunales, por su porte, se defendieron al explicar que el recorte de fondos y de transferencias afectan el funcionamiento de las comunas y que se trata de tributos progresivos que buscan redistribuir la carga impositiva sobre los sectores económicos con mayor capacidad contributiva.
La medida causó polémica en diversos ámbitos y en el caso específico de Junín tuvo repercusión política. Grupo La Verdad, sobre el tema, dialogó con el abogado especialista en Derecho Público Orlando Pulvirenti.
El letrado, ante este medio, evaluó que «los temas municipales son los más cercanos a la población y los que en la agenda pública pasan más desapercibidos. De golpe uno mira su metro cuadrado y se da cuenta que hay una fuerte incidencia no solo en materia recaudatoria sino en los servicios que presta porque la mayor parte de las cosas que el vecino consume del estado las da el municipio».
«Muchas veces miramos la agenda nacional y no miramos la agenda local que es la que provee los servicios básicos que cualquier persona necesita para la vida urbana y en ese sentido aparece esta polémica que tiene que ver con el mecanismo de recaudación que tiene el municipio», señaló.
Más adelante, el letrado, explicó que «los municipios tienen dos vías de financiación. Una de ellas es la coparticipación que proveen las provincias a través de lo que percibe de nación y la segunda es lo que se recauda de los vecinos. Esta segunda parte es la más importante para poder financiar los servicios que presta, pero es la más compleja en términos de cobro, que suele variar según el tamaño del municipio donde los del conurbano bordean el 60% pero cuando uno se va más al interior están en una estadística del 40% como presenta Junín o incluso menor, con lo cual se depende mucho de la coparticipación provincial».
«Entonces cuando la nación dice que no hay plata, la provincia es la que dice que no hay plata y eso coloca al municipio en una circunstancia de decir qué hago con la financiación de los servicios y dónde obtener ese dinero. La fuente directa, la única, es la tasa municipal porque en la provincia de Buenos Aires no se le da al municipio la facultad de establecer impuestos, con lo cual en el sistema de un estado federal la mayoría de los impuestos quedan en la nación y las provincias y lo que le queda al municipio es la tasa que va como contraprestación de un servicio determinado, típicamente el alumbrado, barrido y limpieza», amplió.
Asimismo, Pulvirenti, sostuvo que «en esa ecuación aparece otro fenómeno. El ser humano es un ser económico racional en una de sus tantas dimensiones y desde ese punto de vista tomamos decisiones que intentan ser racionales en torno a cómo afectamos nuestros recursos».
«Aquí juega mucho el castigo que puedan tener. Por ejemplo la AFIP tiene una enorme capacidad de disuasión para aquel que no quiere pagar que van desde embargar cuentas, ejecutar un juicio fiscal, hasta sacarte el cuit, es decir que una persona no puede operar más, es un muerto comercial», continuó y agregó: «el estado provincial tiene facultades tributarias de ejecución fuertes también con ARBA y finalmente el municipio que tiene herramientas acotadas dentro de una realidad en la que convive con el vecino, con lo cual es poco cercano a efectuar un cobro compulsivo. Esto quiere decir que si a uno le llegan todas la boletas los primeros días del mes lo más lógico es que se pague la de AFIP, después las de ARBA y por último el municipio y en esa circunstancias se explica la morosidad local y las dificultades que tiene el municipio para cobrar sus tasas».
«En este punto, tratando de encontrar los mecanismos para mejorar la cobrabilidad de las tasas, los municipios en los últimos 20 años, es que se incorporan a las boletas de servicios cuyo pago para el vecino es obligatorio porque se pierde el servicio en algunos casos, sin la necesidad de llevar adelante juicios de ejecución. Ahí empiezan a aparecer tasas en las boletas de agua, luz y gas, básicamente, con lo cual se pagan contribuciones al municipio y a la provincia», destacó.
En cuanto al respeto o no de los derechos del consumidor, también en debate, Pulvirenti, analizó: «la resolución de la secretaría de comercio e industria del ministerio de economía invoca los derechos del consumidor y tiene sentido porque es la misma que tiene la provincia de Buenos Aires en la ley 10.740 que dice que una cosa es pagar el servicio al cual estás obligado y otra cosa es pagar los impuestos a los que también estás obligado pero tendrías un mecanismo distinto por un lado del estado para cobrarlo y por el lado del contribuyente para pagarlos».
«La resolución dice que habría que desprender los conceptos ajenos al servicio para que los contribuyentes lo paguen por la vía que corresponda, que no es una factura de un servicio porque le estás agregando una sanción que es quedarse sin el servicio sin permitir desglosar el pago de la tasa o impuesto provincial según corresponda, eso es lo que se está discutiendo», aclaró.
También, enunció que «la provincia y la resolución de la secretaría de comercio e industria dicen que no se puede incorporar cargos ajenos al servicio del que se trate. Es decir que si con la luz aparece el alumbrado público hay una relación del cargo contra el servicio que se está tratando de cobrar. Distinto es si en la factura de la luz aparecen ítems como servicios de sepelio, bomberos y una serie de cosas que nada tienen que ver».
En este sentido, el especialista en derecho público, reflejó: «el planteo sería si la necesidad justifica conforme a los reglamentos jurídicos lo que se está haciendo y ahí es donde cruje la cuestión porque desde la necesidad es totalmente entendible y claro, es más el contribuyente que abona podría mostrarse a favor y decidir pagar para esa finalidad. Pero en muchos casos el contribuyente desconoce en qué se aplican los fondos y desconfía en lo que el estado hace con esos fondos».
«Con lo cual al problema de la necesidad se suma un problema de desconfianza sobre la transparencia del uso de los fondos. Todo lo que debería ser transparente y visible para el ciudadano en muchos casos no ocurre, entonces nos encontramos en este mundo tan particular donde diría que la resolución del estado nacional tiene bastante sentido», añadió.
«En esa coexistencia entre las dos ópticas posibles el problema que hay en un estado federal es que el contribuyente es uno solo y a un contribuyente no le importa si el que le cobra el estado federal, provincial o municipal. En este marco es en donde el contribuyente termina perjudicado en una organización federal que se supone virtuosa», expuso más adelante.
Finalmente, Pulvirenti, declaró a este medio que «si no se encaja a cada nivel del estado en la órbita que le corresponde y siendo responsable de brindar los servicios que le atribuye la constitución lo que se hace es asfixiar al contribuyente y hacerle sentir que lo que paga no tiene retribución con un servicio medianamente de calidad. Es un combo tremendo que la Argentina ha construido y deshacerlo es complicado».
«Habría que avanzar en un tema central que la política argentina se niega a tratar que es una nueva ley de coparticipación, que lo manda la constitución en su cláusula sexta desde el año 1994 y que le dijo a los legisladores que esa situación para el año 1996 debía estar resuelta. En la práctica, estamos en 2024 y esa situación sigue pendiente», manifestó.
Y cerró: «esto explica gran parte de la distorsión impositiva y el lío que hay en torno a quién paga que, que en definitiva es el contribuyente, pero a nivel estatal sería determinar quién debe hacerse cargo de cada servicio».
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