El primer reclamo que ponen sobre la mesa los intendentes opositores en la provincia de Buenos Aires de cara al 2023 es por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), herramienta clave para la realización de la obra pública en los distritos, insumo clave en la campaña para las elecciones.
Pedirán que los fondos sean incorporados a la iniciativa de la denominada ley de leyes, que sean actualizados por inflación y que se modifique el sistema para agilizar la llegada de los fondos a las arcas municipales.
“Hay un problema serio: muchos convenios para obras aún no se firmaron. Otros si se firmaron pero no recibieron anticipo financiero”, dijo un funcionario del área de obras públicas desde un despacho de la región a Grupo La Verdad.
“Si no firmaste convenios no pudiste largar. Hay proyectos que están dando vueltas con correcciones innecesarias. Cuanto más tiempo pasa menos alcanza el dinero. Y no podemos firmar para obras que finalmente no tendrán suficiente presupuesto por la inflación”, expresó.
“Tenemos que discutir los atrasos en el FIM”, coincidió una fuente municipal de Junín en diálogo con este medio. ”Hay atrasos en los pagos. Algunos municipios aún no recibimos anticipos y la inflación preocupa demasiado ya que no se puede ejecutar la obra proyectada” afirmó otro intendente.
Y agregó: «el principal reclamo a la provincia tiene que ver con la compensación de los fondos de obras y seguridad que se vieron afectados por la inflación y los retrasos de implementación».
«En ambos casos amerita que el gobierno de la provincia acompañe a los municipios para poder lograr los objetivos acordados y comprometidos con los vecinos», dijo luego.
Además, planteó: «los intendentes de Juntos reclamamos una asignación equitativa de los fondos y las obras» y remarcó: «sería importante que se explicite la información que determina la conformación del Coeficiente Único de Distribución (CUD)».
Los jefes comunales ya anticiparon a sus interlocutores del oficialismo que exigirán la institucionalización del Fondo incluyéndose en el proyecto que el Frente de Todos presentaría en noviembre con la idea de que sea tratado antes de fin de año. La actualización que reclaman sería mediante una cláusula gatillo atada al índice de inflación que arroje el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Los votos de los representantes de la oposición serán claves para destrabar el trámite legislativo y al ser 2023 un año estratégico desde lo electoral, nadie querrá comenzar mal pisado.
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