Por Sebastián M. Riglos (*)
Por años se nos enseñó que la prisión preventiva es una medida excepcional, un instrumento cautelar destinado exclusivamente a proteger el proceso. Un recurso extremo, reservado para los casos en que exista un peligro real y concreto de fuga o de entorpecimiento.
Sin embargo, en la práctica contemporánea algo ha cambiado de forma profunda y preocupante: la coerción penal se ha burocratizado. Mas allá de los canticos de sirenas de puertas giratorias y otras falacias.
Cuando la decisión sobre la libertad de una persona se adopta mediante fórmulas abstractas, sin análisis individualizado del imputado ni de su conducta procesal, el proceso deja de ser un acto de razón jurídica y pasa a funcionar como un mecanismo administrativo de producción de encierros.
Ya no se decide en función de una persona concreta, sino de una categoría. El expediente reemplaza al sujeto. La probabilidad sustituye al juicio.
En ese contexto, la prisión preventiva deja de responder a la lógica de la necesidad cautelar y comienza a obedecer a una lógica estadística: se encierra porque la imputación pertenece a un tipo de delito que, por experiencia, por temor o por sesgo, suele asociarse al riesgo. Ante la duda, o un escrache en redes sociales, o tapa periodística, se encierra y punto. Es preferible el descontento de uno (el encerrado) que una imagen social negativa.
Pero eso no es justicia. Eso es gestión burocrática del castigo.
La consecuencia directa de esa lógica es que la prisión preventiva se transforma en una pena anticipada, no por una decisión explícita, sino por la inercia de un sistema que ha naturalizado el encierro como forma ordinaria de administrar conflictos humanos complejos. Allí donde el análisis del caso concreto es sustituido por la repetición de fórmulas, el encierro deja de ser una excepción y se convierte en una salida automática.
Tensión social, redes y
radicalización del conflicto
Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se inscribe en una sociedad atravesada por una tensión permanente, amplificada por las redes sociales, donde la indignación, el miedo y la reacción emocional se retroalimentan sin pausa.
Las redes no sólo informan: exacerban. Simplifican conflictos complejos. Premian el señalamiento. Castigan la duda. Y muchas veces desinforman en la construcción de post verdades.
En ese clima, la justicia penal queda expuesta a una presión constante para producir respuestas rápidas, contundentes y simbólicas. No importa tanto si son justas.
Importa que sean visibles.
Y allí aparecen los litigantes inescrupulosos: partes que descubren que activar el sistema penal es la forma más eficaz de destruir al otro, abogados que convierten la denuncia en una estrategia, operadores judiciales que, por comodidad, temor o rutina, dejan de controlar y pasan a convalidar.
El proceso penal se convierte así en un arma de resolución brutal de conflictos privados.
De tal modo, la justicia penal se convierte en artillería de destrucción masiva:
Se rompe la presunción de inocencia. Se destruye la reputación. Se quiebra la vida laboral.
Se pulveriza el entramado social. Se cortan los vínculos familiares.
Y si además se suma la prisión preventiva, el daño ya no es hipotético: es inmediato e irreversible. Todo ello puede ocurrir sin que exista riesgo de fuga, sin que haya entorpecimiento real, sin que se haya analizado una sola conducta concreta del imputado.
Basta con que el caso entre en una categoría sensible.
Eso no es justicia penal. Eso es coerción administrativa. Desnaturalización del proceso adversarial
El deber indelegable e irrenunciable
del juez y del Ministerio Público
Frente a esta deriva, el juez penal y el Ministerio Público no tienen una función pasiva.
Tienen un deber constitucional activo: no permitir la instrumentalización del sistema.
No ceder a la presión social. No confundir imputación con prueba.
No reemplazar el análisis por la inercia. Porque cuando el sistema se burocratiza, deja de ver personas y empieza a ver casos, cupos, estadísticas, riesgos promedio. Y cuando eso ocurre, la vida humana se cosifica. Se convierte en números.
En expedientes. En ausencias irreparables.
La deshumanización como amenaza democrática
Una justicia que encierra por fórmulas deja de proteger tanto a las víctimas reales como a los inocentes. Porque sin juicio individualizado no hay verdad. Y sin verdad no hay justicia.
La burocratización del poder penal no es una cuestión técnica:
es una crisis ética del Estado de Derecho.
Cuando la libertad se vuelve una variable de ajuste, y la prisión preventiva una respuesta automática, el sistema deja de juzgar para empezar a administrar.
Y cuando la justicia se transforma en trámite, la dignidad humana queda a merced de una estadística.
Ese es el verdadero peligro de nuestro tiempo, y de cada sujeto justiciable que habita este suelo.
(*) Abogado
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