Karina Andrade defendió su resolución, que provocó la reacción del Gobierno nacional, y afirmó que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
Karina Andrade, la jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires que tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización por los jubilados, defendió su resolución en base a “la priorización del derecho a manifestarse” y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
Andrade, que fue criticada por el Gobierno nacional, aseguró en diálogo con Urbana Play: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”.
La jueza sostuvo, además, que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo este jueves que más de la mitad de los detenidos tenía “graves antecedentes penales”. En tanto, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, cuestionó la resolución de Andrade y lamentó que la Justicia haya liberado en tiempo récord a la mayoría de las personas. También fue en el mismo sentido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que afirmó en su cuenta de X: “Actuaremos contra la jueza que liberó por Whatsapp a violentos con antecedentes penales, violando la Ley de Reiterancia”.
“Mi función era el control de legalidad”
La magistrada señaló: “En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, e insistió en que, según su análisis, las detenciones se dieron en el marco de una movilización cuyo ejercicio está protegido por la Constitución Nacional. “Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, enfatizó.
“Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, aseguró.
En cuanto a los manifestantes liberados, la jueza aclaró que aquellos que portaban armas no fueron excarcelados, ya que esa situación quedó bajo una investigación aparte. “Quizá si lo sabía antes, hubiera pedido más elementos”, admitió.
En los argumentos del fallo, la jueza Andrade planteó: “A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
Ayer, el Gobierno nacional -en línea con los dichos de Bullrich- anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Andrade, según lo confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que la medida se basa en un “posible incumplimiento de funciones” por parte de la magistrada. (DIB)
