Desde la Fundación Pensar consideramos que la intervención impulsada contra el régimen de Nicolás Maduro resulta necesaria y se encuentra plenamente amparada por los tratados internacionales vigentes, frente a un gobierno que ha dejado hace tiempo de ser legítimo para transformarse en una estructura de poder que somete a su pueblo, desconoce el Estado de Derecho y vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales.
El desconocimiento del resultado de las últimas elecciones constituye uno de los actos más graves y profundamente anticonstitucionales que puede cometer un gobierno. Allí se quiebra definitivamente la legitimidad democrática y se consolida un poder que ya no representa la voluntad del pueblo venezolano.
Lo que ocurre en Venezuela no puede ser tratado como un asunto interno. La persecución política, la supresión de libertades, el colapso institucional y la crisis humanitaria que ha obligado a millones de venezolanos a abandonar su país constituyen violaciones evidentes al derecho internacional y a los tratados básicos de derechos humanos.
Cuando un Estado deja de garantizar condiciones mínimas de legalidad, libertad y dignidad, la comunidad internacional no solo puede actuar, sino que tiene el deber de hacerlo.
Respaldar este tipo de medidas no es una posición ideológica. Es una defensa de los principios más elementales del constitucionalismo moderno: el poder emana del pueblo, debe ejercerse dentro de la ley y tiene como límite infranqueable los derechos humanos.
Todo gobierno que rompe ese pacto pierde legitimidad y habilita la intervención de la comunidad internacional para restituir la vigencia de los derechos fundamentales y la libertad de sus ciudadanos.
Dr. Juan Ignacio Campenni
Presidente – Fundación Pensar Junín
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