Por Bernardo Weber (*)
La historia de la educación superior en Argentina parece ser cíclica, con avances y retrocesos que se repiten en función de las distintas gestiones de gobierno. La crisis educativa que vivimos hoy no es un fenómeno reciente, sino el resultado de una serie de decisiones políticas que han afectado a la educación pública durante décadas. Sin dudas el proceso de desinversión no es nuevo, pero si se ha profundizado.
En los años 90, las movilizaciones de la comunidad educativa en todo el país se opusieron a la Ley de Educación Superior impulsada por el gobierno del ex Presidente Carlos Menem, que buscaba definir a la educación pública como un servicio que debe ser regulado por el mercado. La sociedad argentina se movilizó para defender la educación pública gratuita y de calidad, y logró detener este intento de atropello. Más de 30 años después, las nuevas generaciones seguimos convencidos que la educación es un derecho humano y un bien público que el estado tiene que garantizar sin importar donde te toque nacer.
Lamentablemente parece que, una vez más, todo se repite. Han intentado desprestigiar nuestro sistema de Universidades Nacionales, creando argumentos falsos que después se terminan yendo por la borda. En un comienzo era el “adoctrinamiento”, insostenible para un gobierno donde la gran mayoría de sus funcionarios son graduados de nuestras Universidades Nacionales.
Luego fueron los “estudiantes extranjeros”, en persecución a un porcentaje mínimo de la matrícula que lo único que hace es fomentar el racismo y la xenofobia en tiempos tan difíciles para la humanidad; y más tarde las “auditorías”, las mismas personas que el pasado 15 de agosto votaron en contra de la media sanción a la “Ley de presupuesto Universitario”. Todas estas falsas premisas lo único que intentan es desprestigiar una de las pocas instituciones públicas que aún conserva su credibilidad.
Pero lo que sí es un dato de la realidad es que el congelamiento del presupuesto universitario ha generado condiciones por demás difíciles para las universidades nacionales, y la situación es alarmante. Los docentes y no-docentes universitarios no solo tienen que hacer frente a la profunda crisis económica que atraviesa nuestro país, sino que también, deben enfrentar la pérdida del poder adquisitivo que ronda el 33%, viendo que la inflación acumulada de diciembre de 2023 a la fecha es del 135% y la recomposición salarial no llega al 57%. A septiembre del 2024 vamos a tener al 95% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza, y la situación es aún más crítica que en el pasado.
La movilización del pasado 23 de abril fue una respuesta a esta situación, con una movilización amplia, homogénea que encontraba un sin fin de expresiones políticas, sociales y culturales, abrazadas todas bajo la bandera de la educación pública, gratuita, laica y de acceso irrestricto. Una marcha que emocionó a propios y ajenos, donde en cada rincón de la Argentina los estudiantes, profesores, graduados, trabajadores de la educación pública y sus familias salieron a defender una herramienta que les permite conservar la esperanza de vivir en un país mejor. Sin embargo, la actualización de los gastos de funcionamiento no fue suficiente, y la situación de emergencia de los salarios docentes cada día se profundiza más.
Ante esta situación, es fundamental que el senado apruebe la “ley de financiamiento universitario”, impulsada en la cámara de diputados para hacer frente a la crisis educativa. La educación universitaria pública y gratuita es una conquista que debemos defender, no solo por nuestro presente sino también por las generaciones futuras, de lo contrario estaremos hipotecando el futuro de todos los argentinos.
Un país que no invierte en educación es un país que se condena al fracaso. La educación es la herramienta más importante para la movilidad social ascendente, la que nos iguala y nos hace verdaderamente libres. Defenderla es una obligación, porque sin lugar a duda, sin este modelo universitario muchos de nosotros jamás hubiésemos tenido la posibilidad de acceder a la educación superior.
(*) Abogado, profesor de la UBA y de la UNLP, presidente mandato cumplido de la Federación Universitaria Argentina (2018 – 2022), escribe para la Fundación Ciudad Abierta.
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