La Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar en el juicio por un bloqueo que había llevado adelante el gremio de los camioneros en la sede de una empresa, en mayo de 2021, reclamando el encuadramiento laboral de sus empleados.
Los sindicalistas habían sido sobreseídos cuando el caso había sido elevado a juicio oral, pero ahora los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al pedido del empresario y dieron luz verde al avance de la causa.
Carlos Dos Reis, en nombre de la empresa Química Oeste, denunció que el 10 de mayo de 2021 apareció ante el depósito de la firma un grupo de unas 10 personas que se bajaron de 3 autos particulares y colocaron allí una bandera que llevaba inscripto “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”, mientras decían “de acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar” (SIC) e impedían la salida a los camiones y el ingreso de los empleados a la empresa. Luego llegaron más activistas y se instalaron en el lugar.
Al día siguiente, llegaron ante el depósito de Química Oeste tres o cuatro camiones con contenedores y también se les impidió el ingreso, así como a “una cantidad importante de clientes que llegaban con sus transportes para retirar la mercadería”. La situación se repitió el lunes 17 de mayo: “Empezó a aparecer mucha gente identificándose con el Sindicato de Camioneros por sus vestimentas y banderas, que nuevamente impidieron trabajar, motivo por el cual los camiones tuvieron que dormir en otro sitio” y los clientes y proveedores no pudieron trabajar ese día”, según relató Dos Reis. La protesta siguió hasta el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones, y el bloqueo se levantó ese mismo día por la noche.
El empresario hizo la denuncia penal por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, que, según la empresa, procuraban tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio. Para la abogada denunciante, María Florencia Arrieto, se trató de “un reclamo laboral inventado”. Según se afirmó, el bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero, un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos.
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