El Gobierno bonaerense resolvió este martes otorgar por decreto un 25% de aumento a trabajadores estatales, judiciales, docentes y policías en enero. Según se informó oficialmente, 15 puntos corresponden al cierre de la paritaria 2023 y los 10 restantes se dan en concepto de adelanto de negociaciones 2024.
Kicillof cerró así la primerea paritaria del año sin el acuerdo de las organizaciones gremiales, que pedían un incremento superior que equipare la suba de los sueldos con la de los precios, que se dispararon fuerte después de la devaluación del Peso que dispuso el ministro de Economía, Luis Caputo, en el primer paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei.
Es una medida inusual, ya que el Gobierno suele negociar con cada rama por separado y otorgar subas que algunas veces coinciden y otras no, algo en lo que influye el régimen salarial de cada sector. Pero esta vez fue 25% para toda la administración pública.
En un comunicado oficial, el gobierno de Kicillof apunta a “la aceleración inflacionaria desatada por el gobierno de Javier Milei” al señalar que es “consciente” de que provocó una “pérdida del poder adquisitivo del salario”. Menciona específicamente el Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que fue del 25,5%, para señalar que se trata de la inflación “más elevada en década para nuestro país”.
Tras el aumento de hoy, los sueldos quedaron, en promedio, con una suba del 142% para los estatales, según un comunicado de ATE que calificó de “insuficiente” el incremento. Del mismo modo lo describieron los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad del sector. Ambas organizaciones, de todos modos, se abstuvieron de tomar medidas de fuerza, aunque reclamaron una rápida convocatoria para discutir una nueva suba.
En ese marco, la administración provincial consideró “un enorme esfuerzo” el aumento que dio y sugirió que no pudo ser mayor por las medidas del gobierno de Milei, al señalar el contexto de “dificultades financieras e incertidumbre respecto de la continuidad y evolución de los recursos provenientes del Estado Nacional” que atraviesa.
La referencia del comunicado tiene que ver con la suspensión del envío de los llamados fondos presupuestarios o no automáticos a las provincias, que el gobierno de Milei dispuso como una forma de contribuir a lograr el equilibrio financiero. En el caso de Buenos Aires, que mantiene un histórico reclamo por la recibir casi 20 puntos de coparticipación menos de los que aporta a la recaudación nacional, ese recorte de fondos discrecionales podría equivaler al 25% del presupuesto ejecutado del año pasado, superior a los 7 billones de pesos. En el gobierno bonaerense, como viene informando DIB, dicen que aún no fueron informados sobre el alcance y la duración final de la medida,
Toma de posición
En un comunicado, ATE señaló que “Si bien entendemos el contexto político y económico que atraviesa la provincia a raíz de la quita de partidas discrecionales que recibía del Estado Nacional no podemos aceptar un aumento que esté por debajo de los índices inflacionarios. Hay que destacar que este aumento corresponde a diciembre 2023 y al cierre de la paritaria de dicho año”.
Desde el sindicato agregaron además que “la propuesta no alcanza” y que en los próximos días exigirán al Gobierno que los convoque en febrero para abrir la discusión salarial 2024 y también para “avanzar en los pases a planta permanente, la construcción de un convenio colectivo de trabajo, la discusión de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de poder adquisitivo, como así también la continuidad de todas las mesas técnicas comprometidas”.
Por su parte, el Frente de Unidad Gremial Docente indicó que “la decisión del gobierno provincial de otorgar un aumento para hacer frente parcialmente a la pérdida del poder adquisitivo para el próximo cobro alivia la actual situación, pero hace necesaria la inmediata convocatoria a paritarias para el mes próximo de febrero, tal como lo anunciaron las autoridades provinciales”.
