Los ministros israelíes desestimaron la sentencia dictada este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenaba a Israel el cese de su operación militar en la ciudad de Ráfah, en el sur de Gaza, y prometieron seguir luchando para liberar a sus rehenes y derrotar a Hamás.
La sentencia del viernes del CIJ fue la última de una serie de medidas adoptadas en las últimas semanas que han agravado el aislamiento internacional de Israel por su conducta en la guerra en Gaza, en la que han muerto más de 35.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales.
La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó las acusaciones en el caso presentado por Sudáfrica de que Israel estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza como «falsas, escandalosas y moralmente repugnantes».
«Israel está actuando sobre la base de su derecho a defender su territorio y a sus ciudadanos, en consonancia con sus valores morales y de conformidad con el derecho internacional», afirmó en un comunicado.
Señaló además que las operaciones en Ráfah no se llevarían a cabo de forma que «puedan infligir a la población civil palestina de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial».
La guerra, desencadenada por el ataque dirigido por Hamás contra comunidades de los alrededores de la Franja de Gaza el 7 de octubre del año pasado, provocó un creciente abismo entre Israel y gran parte del resto del mundo, y graves tensiones entre el Gobierno de Netanyahu y sus aliados más cercanos, incluido Estados Unidos.
Ráfah, cerca de la frontera con Egipto, había acogido a más de un millón de palestinos desplazados de sus hogares por el asalto terrestre israelí hasta que una orden de evacuación del ejército a principios de este mes envió a cientos de miles a buscar refugio en campamentos del centro de Gaza.
“Seguir luchando”
Sin embargo, es probable que el impacto práctico inmediato en la política israelí sea limitado, después de reforzar un estado de ánimo nacional desafiante ya avivado por la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El caso ante la CIJ fue presentado por Sudáfrica basándose en que, al matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños mentales y corporales y crear condiciones de vida «calculadas para provocar su destrucción física», Israel está cometiendo genocidio contra ellos.
Israel califica las acusaciones de indignantes, sostiene que hace todo lo posible para proteger a los civiles y acusa a Hamás de utilizar deliberadamente a civiles como escudos humanos, acusación negada por el grupo islamista que controla Gaza desde 2007.
El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, que habló con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, consideró que Israel había emprendido una «campaña justa y necesaria» tras el ataque del 7 de octubre e informó que seguiría adelante, a pesar de la sentencia.
«El Estado de Israel se compromete a seguir luchando para devolver a sus rehenes y prometer la seguridad de sus ciudadanos, donde y cuando sea necesario, incluso en Ráfah», aseguró en un comunicado.
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