Por Redacción Grupo La Verdad
Ante los recientes y numerosos casos de amenazas de bomba y de tiroteos por parte de alumnos en instituciones educativas (en la ciudad, en la provincia y en el país), crece la preocupación social y también de los gremios.
En diálogo con Grupo La Verdad, Julián Caliva, dirigente gremial de UDEB Junín, se refirió a esta situación y llamó a reforzar los protocolos de procedimiento frente a episodios graves.
“Esta es una situación que parecía imposible, o por lo menos inimaginable, y hoy es una realidad. Estamos muy preocupados, pero tratando de llevar calma a todo el colectivo docente y a la comunidad. Estamos trabajando con las herramientas que tenemos desde el punto de vista docente, como las guías de conflicto. Llamamos al acompañamiento de todos en estos casos de gravedad”, manifestó.
Respecto al procedimiento ante un posible episodio que se presente, dijo que “después de la pandemia se trabajó en esta guía de protocolo para situaciones de conflictos, que fue redactada en el 2023 y tuvimos participación como entidad gremial. Entre las hipótesis de conflictos que había estaban los casos de alumnos que llevan un arma, tanto de fuego como cuchillos u objetos cortantes”.
“Se hizo un recorte de esa guía en las últimas horas y se recordó cómo se debe actuar ante una situación de extrema gravedad. Ya no hablamos de una amenaza. Paralelamente, se reforzó a quién se debe informar o llamar en cada caso: amenazas de bomba o denuncias de alumnos por tenencia de armas. Son diferentes situaciones que se pueden dar aparte de alguna pintada en los baños o amenazas por redes sociales”, expresó.
“Hay varias cosas que se pueden hacer. Entrar a las escuelas sin mochila puede evitar una escopeta, pero por ejemplo un cuchillo o un arma corta se pueden ingresar igual, sobre todo en invierno con los buzos y camperas. La mejor medida en los casos específicos de armas de fuego, es lo que puede hacer la familia. Es grave que un chico de 13 años manipule un arma, sepa usarla y tenga acceso a las balas; no es solo que la agarre. Hay un entrenamiento previo y tenemos que apuntar a eso, que ningún menor tenga acceso a un arma de fuego”, comentó.
Además, Caliva indicó que “hay que tener en cuenta que cualquier amenaza no es una broma; es un delito penado por la Ley. No hay que minimizarlo. Pedimos el acompañamiento de la Justicia para que empiece a ponerle un freno a todo esto, investigando de dónde provienen las amenazas telefónicas. Hoy en pocas horas eso se sabe mediante detecciones, no es como antes”.
Últimos casos en Junín sobre amenazas de bomba
En los últimos días, se dieron varias amenazas en establecimientos educativos de la ciudad. A fines de marzo, tuvo lugar una amenaza de bomba en la ex Escuela Industrial, mientras que días atrás ocurrió lo propio en un colegio de calle Alem al 300.
Además, se registraron cuatro denuncias radicadas por amenazas de tiroteo en distintos establecimientos de educación secundaria de nuestra ciudad.
“Es fundamental el trabajo de investigación para prevenir una posible ola”, aseguró Varas
En una nota concedida para el programa “Amanece que no es poco” por LT20, el Dr. Eduardo Varas, titular de la Fiscalía Federal de Junín, explicó en primer orden que “situaciones como las amenazas de bombas en las escuelas y colegios ya no están más bajo la órbita de la Justicia Federal, sino que desde hace ya un tiempo son competencia de las justicias provinciales, de acuerdo a lo establecido por un fallo de la Corte y un dictamen del procurador general”.
Seguidamente, Varas expresó que “durante el tiempo en el que intervino la Justicia Federal ante estos hechos, lo que se disponía era tratar de determinar el teléfono utilizado para realizar la amenaza, para lo cual apelábamos al registro de los llamados que llegaban al servicio de Emergencias, se hacían tareas de investigación y luego se procedía al allanamiento en los domicilios”. En continuidad, declaró que “si los responsables eran menores se les secuestraba el teléfono y si había mayores involucrados se efectuaba la detención de los mismos”.
Además, el entrevistado comentó que “también en su momento se estableció un costo económico ante cada evento suscitado por este tipo de llamadas, el cual se informaba al procurador de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de concretar su ejecución”. Al mismo tiempo, expuso que “en cuanto a las instituciones educativas involucradas se les hacía saber con nombre y apellido el usuario de la llamada y el año al que concurría”.
“Al haber menores involucrados eran todos inimputables y judicialmente no se podía hacer nada, pero sí buscábamos todos los medios para informar al Estado provincial sobre el costo que le significaba a la policía de Junín cubrir los operativos ante cada llamado, para que los mismos queden a cuenta de los padres responsables o titulares de los teléfonos”, manifestó el doctor.
Asimismo, Varas aseguró que “estos procedimientos promovieron una reducción considerable de este tipo de situaciones, y en algunos casos particulares fue muy importante la ayuda que nos brindaban desde las direcciones de los establecimientos para avanzar con las investigaciones”. Por último, consideró que “lo más importante es trabajar desde la investigación para tratar de frenar una posible ola de llamados con amenazas de bomba y seguramente es lo que deben estar haciendo los fiscales intervinientes en la actualidad”.
