Por Redacción Grupo La Verdad
“Violentar o fiscalizar la educación de una provincia por medio de un organismo nacional es inconstitucional”, afirmó ante Grupo La Verdad el delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense, Nicolás Gauna, y resaltó el derecho que tienen los trabajadores de la educación a implementar medidas de fuerza para reclamar mejoras salariales. Además, cuestionó la aplicación de la figura “servicio esencial” a la educación y consideró que se trata de un vacío legal.
Gauna, delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, manifestó: “Por ley el Ministerio de Trabajo bonaerense es quien se reserva para sí mismo el uso exclusivo del poder de policía en todo el ámbito provincial, y esto también está previsto dentro de las garantías de autonomías provinciales establecidas en la Constitución Nacional (CN)”, y prosiguió: “Violentar o fiscalizar la educación de una provincia por medio de un organismo nacional es inconstitucional”.
Seguidamente, Gauna sostuvo que “las leyes provinciales, la Ley Nacional de Educación y la CN establecen con claridad que quien tiene las competencias para fiscalizar el empleo público y la educación en la provincia de Buenos Aires es el Ministerio de Trabajo”, y amplió: “En el Art. 121 de la CN se determinan las facultades que las provincias delegan a la Nación, entre las cuales no se incluye la gestión de la educación”.
“No puede un inspector de la Secretaría de Trabajo de Nación inspeccionar y relevar a un trabajador en un establecimiento educativo o escuela pública en la provincia de Buenos Aires”, aseveró el abogado y completó: “En Junín ningún trabajador de la educación fue relevado por un inspector perteneciente a Nación”.
Además, el entrevistado cuestionó la calificación de “servicio esencial” a la educación y subrayó que “por más reformas laborales que quieran implementar entre gallos y medianoches que contengan este tipo de vacíos legales, es la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) la que establece que la educación no es un servicio esencial”, y añadió: “El problema radica en los legisladores que votan estas leyes y no en los trabajadores de la educación pública que tienen derecho a implementar medidas de fuerza en reclamos por mejoras de sus salarios”.
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