Por Redacción Grupo La Verdad
En medio de la campaña electoral hacia el balotaje del 19 de noviembre, la justicia de Argentina ha revelado la existencia de una red de espionaje ilegal con investigaciones sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial, periodistas y empresarios destacados, presuntamente financiado por funcionarios kirchneristas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen en el que se expuso la existencia de miles de «objetivos» espiados de forma ilegal.
La revelación del fiscal se desprende de otra causa judicial por espionaje y suplantación de identidad a magistrados de la Corte Suprema de Justicia argentina en abril de este año, en la que el principal imputado es el exoficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina Ariel Zanchetta, detenido en junio pasado.
En esa causa también se encuentran imputadas dos personas de la provincia de Misiones (noroeste), que habrían vulnerado las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los jueces mediante datos personales recogidos -presuntamente de forma ilegal- por una empresa llamada Sudamericana Data Group.
Según el informe del fiscal, los responsables de esa base de datos apuntaron que las búsquedas de información personal sobre los jueces fueron pagadas por Zanchetta, a quien la justicia encontró, tras un registro, 1.196 informes repartidos entre computadoras y teléfonos celulares que tenía en su poder.
En ese marco, el secretario general del municipio de Junín, Juan Fiorini, confirmó a Grupo La Verdad que el intendente Pablo Petrecca fue victima de espionaje ilegal en el marco de una red que está siendo investigada por la justicia federal.
“Lamentablemente nos enteramos esta semana que el intendente Pablo Petrecca está en la lista de muchos dirigentes políticos, jueces, que fueron espiados de manera ilegal por una red, hoy conocemos a un acusado (el policía retirado Ariel Zanchetta), pero nos enteramos que estas operaciones estaban financiadas a través de portales de internet por el estado provincial, amparadas por La Cámpora, por el kirchnerismo y hay que repudiar estas actitudes”, expresó a Grupo La Verdad.
En esa línea manifestó: “nosotros siempre lo sufrimos de portales creados para tal fin, para mentir, para hacer acusaciones. Esas mentiras han terminado en causas judiciales que ya fueron desestimadas hemos sufrido, que ha sufrido el intendente, su familia, porque se publicaron datos personales. Es una metodología de extorsión, de generar notas con el solo sentido de difamar”.
Luego, el funcionario, comentó a este medio: “vamos a pedir a la justicia que investigue todo esto. Necesitamos saber quién dio la orden, no es de este año, viene desde hace mucho tiempo”.
“Esto afecta a toda la sociedad, no a un partido político. Son prácticas de una dictadura más que de una democracia, justamente a 40 años de democracia no se puede permitir. Tiene que haber justicia”, dijo luego Fiorini.
Finalmente, apuntó que “hoy se conoció que el último sitio que estaba administrando esta persona tenía financiamiento directo del estado provincial. Ahí tenemos una primera pista de esta red que está mostrando el amparo de La Cámpora”.
“Incluso hay cámaras a Mario Meoni cuando era intendente y cuando fue ministro”, destacó.
COMUNICADO OFICIAL: TODO LO QUE NO QUEREMOS SER LOS ARGENTINOS
Esta semana se dio a conocer un plan sistemático de red de escuchas y operaciones ilegales amparadas por La Cámpora, el ala más rancia del kirchnerismo.
Estos hechos lamentables desnudan lo que muchos ciudadanos venimos sufriendo a lo largo de los últimos años: calumnias, denuncias, mentiras y espionaje ilegal.
Estamos ante la evidencia más contundente de cómo se maneja el kirchnerismo, ensuciando a personas que quieren hacer las cosas bien, como el actual intendente Pablo Petrecca, o dirigentes históricos de Junín como Mario Meoni.
Esta metodología de espionaje, extorsión y mentiras también se ha reflejado en notas de opinión publicadas en portales de internet creados para tal fin, financiados, según se conoció en esta causa, por el mismo Estado Provincial y por agrupaciones políticas, y que han generado perjuicios personales y familiares al Intendente y sus funcionarios.
Estas prácticas antidemocráticas nos retrotraen a épocas a donde los argentinos no queremos volver, y son un ataque a toda la ciudadanía, que nada tienen que ver con la Argentina que necesitamos, con instituciones fuertes, sanas y justas.
Le pedimos a la Justicia, en nombre de todos los juninenses y de los damnificados, que actúe con la máxima celeridad, para esclarecer quiénes forman parte de esta red.
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