Así lo expresó el titular de la cartera, Gabino Tapia, con una publicación en sus redes sociales, en la que también pidió que se cumple el fallo.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, calificó como maniobra dilatoria la solicitud del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que le pidió a la Corte Suprema la suspensión del fallo Levinas.
La máximo tribunal emitió a finales del año pasado un fallo que determinaba que las causas nacionales pueden ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Ante esto y la última acción de Casal, Tapia dijo: «Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos con el ‘inmovilismo’. Terminemos con las dilaciones».
«Avancemos de una vez con las transferencias pendientes, de manera consensuada y ordenada con la Nación, para concretar una autonomía plena para la Ciudad. Así lo establece nuestra Constitución Nacional. Soluciones porteñas para los porteños», agregó Tapia en sus redes sociales.
El pedido de Casal a Rosatti
En los hechos, la decisión tomada por mayoría del suprema tribunal ratificaba el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, lo cual fue catalogado como “inconstitucional”.
En la nota enviada a Rosatti, Casal consideró que el fallo Levinas «dejará a este Ministerio Público Fiscal en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con menoscabo para los intereses por los que debe velar».
Entre otros argumentos, el jefe de los fiscales explicó que la Procuración General de la Nación tiene competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales, pero no para apelar ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Además, señaló que tampoco la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires y sus fiscales tienen competencia para apelar ante la Justicia porteña.
«Por ello, y sin perjuicio del criterio de esta Procuración General acerca del fondo de la cuestión decidida en aquel pronunciamiento, me permito sugerir al Tribunal que, en ejercicio de sus atribuciones de superintendencia, suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda», cerró Casal en su escrito al titular de la Corte.
